Mes: octubre 2024

La LISTA CELESTE una vez más manifesta su más enfático rechazo a cualquier intento de traspaso de la Justicia Nacional Laboral al ámbito de la CABA .

En el transcurso de estos años, la LISTA CELESTE ha destacado los aspectos técnicos y jurídicos de naturaleza constitucional que subyacen a esta cuestión (ver comunicados AQUÍ), además de las consecuencias disvaliosas que en la práctica generaría un traspaso compulsivo en términos de derechos laborales, estabilidad de los/as magistrados/as, funcionarios/as y demás agentes judiciales, entre muchas otras cuestiones.

Tenemos la certeza de que este tipo de iniciativas suponen un riesgo para la independencia del Poder Judicial y que, lejos de tender a mejorar el servicio de administración de justicia, contribuyen a su detrimento, por lo cual instamos a que se consideren seriamente las implicancias de esta clase de propuestas y, que en cambio, se promuevan soluciones que colaboren con la estabilidad institucional en beneficio de la sociedad.

A su vez, la ley 24.588 establece que la “justicia nacional ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y competencia continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación” y que CABA “tendrá facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativa y tributarias locales” (art. 8°), disposición esta que resulta violentada y transgredida de manera evidente por los proyectos que circulan en el ámbito de la legislatura porteña.

Quienes conformamos la AMFJN desde hace muchos años sabemos que los/as adherentes siempre propiciaron un lugar en la Mesa en el Consejo Directivo y esta no es la primera vez que se les dice que no.

Llamativamente, la Lista bordó, ahora sí se hace eco de ese reclamo y expresa su preocupación por los/as adherentes. Nos hubiese gustado ver esa preocupación y activismo en tantos otros temas de gravedad que preocupan a los/as socios/as activos/as.

Respecto de los/as Adherentes nuestro espacio mantiene su postura histórica en tanto no se advierte razonabilidad en el hecho de que quienes pueden ejercer libremente la profesión o cumplir tareas ajenas al ámbito judicial o al de los ministerios públicos y participar en las elecciones de los Colegios de Abogados u otras entidades, como son los/as adherentes, formen parte de los órganos de gobierno de la asociación más allá de la rica participación en sus actividades.

En este sentido, debe destacarse que la asociación tiene por objetivo principal la defensa y protección del rol funcional cuyas vicisitudes, problemáticas, día a día, justamente trata el objeto relevante institucional y, es claro, que los/as adherentes no lo tienen en la actualidad. Ello sin perjuicio de dejar a salvo que tienen voz dentro de nuestro espacio asociativo y pueden aconsejar que se realicen todas aquellas diligencias que tiendan a procurar su bienestar, pero se tratan de acciones complementarias y todo ello en el ámbito propicio cual es la Comisión de Adherentes.

Desde nuestra Lista de ninguna manera admitiremos pretensiones de un espacio orientadas a perpetuarse en los órganos de gobierno y que no hacen más que confundir al electorado. Máxime cuando esta confrontación de los/as adherentes con la AMFJN en la Inspección General de Justicia lo es desoyendo la voluntad de la mayoría del Consejo Directivo. Es decir, pretenden formar parte de un órgano de gobierno cuya voluntad por el voto democrático de su mayoría ni siquiera respetan.

Por lo demás instamos al espacio Bordó a obrar de buena fe y dejar de tergiversar la información. Pues bien, respecto de la publicación de la resolución de la IGJ que no formaba parte del orden del día, se dispuso diferir su tratamiento para el próximo HDC en la idea de dar a conocer toda la información completa con la copia del recurso pertinente.

No deja de ser preocupante que se busque neutralizar la legitimidad de las decisiones del HCD, mediante la provisión a un sector de adherentes, del mailing institucional que debe ser resguardado para otros fines, y así incentivar la difusión sesgada de decisiones institucionales, provocando confusión en el electorado.