Mes: febrero 2025

En el día de la fecha, el Consejo Directivo de la AMFJN, por unanimidad, con el apoyo fundamental de la Lista Celeste, creó la Comisión Permanente de la Justicia Nacional.
La flamante comisión estará a cargo de tres coordinadores/as (uno por cada espacio) y en la que podrán participar como miembros todos los asociados/as que pertenezcan a los estamentos e instancias de la justicia nacional, buscando abordar y brindar soluciones a las problemáticas actuales y cuestiones futuras que puedan presentarse.

La semana pasada emitimos un comunicado repudiando las críticas formuladas por el periodista Morales Solá, basadas en premisas falsas y carentes de fundamentos serios.

Ahora, bajo el título “Un país de insolentes y atrevidos”, en la edición del 12 de febrero, se refiere a la reciente decisión plenaria de la Cámara Nacional en lo Civil que, por unanimidad, resolvió que sus sentencias no son apelables ante el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, criterio que posteriormente fuera seguido por la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

Se trata de una decisión muy elaborada, con argumentos muy sólidos. Sin embargo, para el citado periodista, “los jueces de instancias inferiores cometen la desmesura -y el disparate, sobre todo- de anunciar que desobedecerán a la Corte Suprema”.

Si bien somos respetuosos de la libertad de expresión, llama la atención tan pobre conclusión de quien, evidentemente, desconoce los pilares básicos del sistema constitucional argentino.

Cabe recordar que los jueces son independientes, tanto externa como internamente, lo que incluye a la Corte Suprema. Los fallos de este Tribunal sólo producen efectos en el caso concreto, no se proyectan a otros.

Dentro de la organización judicial hay distintas instancias de apelación, pero no existe la autoridad a la manera de otras organizaciones (v.gr.: Poder Ejecutivo, Policía, entre otros). Ergo, tampoco existe la supuesta “obediencia”. Los jueces son libres de decidir los asuntos sometidos a su conocimiento con plena libertad, en tanto apliquen las leyes vigentes.

Es el sistema constitucional argentino, inspirado en el modelo norteamericano, en el que los jueces conforman uno de los tres poderes. Lo que diferencia a los jueces argentinos de otros modelos europeos es que, justamente, al estar facultados a declarar la inconstitucionalidad de las leyes, constituyen un Poder del Estado y no un mero servicio de justicia. Esta tarea se ejerce con absoluta independencia de cualquier injerencia.

Es obvio también que someter las sentencias de los tribunales nacionales al control de un órgano extraño al Poder Judicial de la Nación, como lo es el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, se atenta contra dicha independencia.

En suma, lamentamos expresiones tan irresponsables de quien tiene el deber de informar, pero ni siquiera leyó la sentencia que descalifica para luego ofender a sus firmantes.

En la edición del 5 de febrero, el periodista Morales Solá publicó una nota en La Nación, plagada de falacias y de inexactitudes, además de ofensas a los jueces de la Nación.

Con relación a la causa “Levinas” , sostuvo el periodista que el “juez, Carlos Rosenkrantz, votó en disidencia porque consideró que el mecanismo era muy desordenado”. Dicho magistrado votó en disidencia con argumentos de fuerte contenido constitucional, y con apoyo en la legislación vigente.

Agregó que “Los jueces nacionales se llaman así porque trabajan en la Capital, pero en realidad resuelven problemas que en cualquier provincia tratan los jueces locales”. Nada más alejado de la realidad. Los jueces nacionales, que se desempeñan justamente en la CAPITAL FEDERAL (no en una provincia), resuelven asuntos que interesan al Estado Nacional, además de los conflictos entre particulares.

También afirmó que “la causa del Correo Argentino, de la familia Macri, que se encontraba en la Justicia nacional en manos de jueces y fiscales cercanos al kirchnerismo”. Para justificar lo injustificable, se apela a nuevas falacias. Una falacia es una argumentación que a simple vista parece válida, pero que en realidad contiene falsedades. Además, ofende a un tribunal y a una fiscal prestigiosos.

Sigue en su nota manifestando que hay que respetar “la condición de provincia argentina de la Capital”. Grosero error, quizás justificado por no ser abogado su autor, pero debería informarse mejor. Además, aunque así fuera, la Ciudad tiene su organización judicial, sus propios tribunales, a los que la Justicia Nacional es ajena.

Causa estupor el siguiente párrafo: “Fiscales importantes del fuero federal están buscando una solución: señalaron que los fiscales nacionales de la Capital podrían pedir el traslado a la Justicia local o al fuero federal, que tendrá una creciente necesidad de fiscales cuando en toda la Justicia se aplique el sistema acusatorio, que les da a los fiscales mucho más poder del que tienen. Es posible, eso sí, que deban salir de la Capital para trabajar en el primero o en el segundo cordón del Gran Buenos Aires”. No merece siquiera el esfuerzo de responder.

Como si fuera poco, agrega en su comentario que “la Asociación de Magistrados no es parte ni podría serlo. No está en condiciones de presentarse ante ese empinado tribunal en este caso”. Justamente, la Asociación de Magistrados tiene por misión defender la independencia del Poder Judicial, y de los ataques a sus asociados. En el caso, está en juego la independencia de la mayor parte de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y de los Ministerios Públicos, ya que se pretende someterlos al control de un tribunal ajeno a la jurisdicción nacional.

Además, si la mayoría de sus socios dejan de pertenecer a la Justicia Nacional, dicha Asociación quedaría desmantelada. Vaya si tiene legitimación.

También serán víctima de este proceso los ciudadanos, cuyos litigios durarán varios años más, y deberán afrontar el costo con una mayor carga impositiva.

En suma, lamentamos que de manera tan pobre y carente de precisión jurídica se enfoque un tema tan relevante, desinformando de ese modo a la sociedad.

La LISTA CELESTE reitera su profundo rechazo a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, por mayoría, asigna competencia al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para revisar sentencias de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, expresada en autos “Ferrari, María Alicia c/Levinas, Gabriel Isaias s/inc. de Incompetencia” y remite, en todos sus términos, al comunicado de fecha 27 de diciembre pasado (ver comunicado en nuestras redes o web).

Fuimos los primeros críticos y, desde nuestro espacio, hemos trabajado en feria para que la presentación institucional de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, incluya todas las situaciones y dé cuenta de la gravedad e inconstitucionalidad de lo resuelto. Particularizamos, entre otras cuestiones, afectaciones en los Ministerios Públicos y coadyuvamos con el cabal entendimiento de los derechos involucrados, que no puede resumirse en mera contienda de poderes como parecen sugerirlo las autoridades de la CABA.

Una vez más, la Lista Celeste se pronuncia acompañando a los fueros nacionales y a los Ministerios Públicos; ratificando que seguirá realizando todas las acciones en defensa del ordenamiento constitucional y en rechazo de cualquier intento de traspaso.

La LISTA CELESTE expresa su preocupación por la publicación de LA NACION del día 26 de enero de 2025 bajo el título “Crece la preocupación en el Gobierno por los fallos adversos en el fuero laboral”, por cuanto se trata de una nota cuyo único contenido es identificar los nombres de los Jueces y Juezas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y desprestigiar a quienes dictan sentencias según su mejor entender pero que no responden a las demandas del Gobierno, afectando la necesaria independencia en la que deben desarrolar su más noble misión. Por eso, desde esta LISTA CELESTE expresamos nuestro apoyo a los Dres. De Vedia, Fera, García Vior y Pompa en esta ocasión, como a todos los Jueces y Juezas que honran la magistratura con total apego a las normas legales vigentes y a la Constitución Nacional