4/4/19
Ante recientes versiones periodísticas que aluden a supuestas tareas de inteligencia y espionaje ilegal a jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, generando una lógica inquietud y estupor en la opinión pública, la Lista Celeste expresa, una vez más, su más enérgico rechazo a todo intento de menoscabar la independencia del Poder Judicial.
El deber inexcusable de asegurar la efectiva vigencia del Estado de Derecho que pesa sobre toda la comunidad jurídica –magistrados, funcionarios, abogados y miembros de los Ministerios Públicos– obliga a recordar que el principio de independencia judicial constituye un aspecto esencial de la democracia y tiene una dimensión institucional que trasciende la figura del juez e impacta colectivamente en toda la sociedad.
La independencia judicial es un presupuesto inequívoco de las garantías judiciales que integran los derechos fundamentales de los justiciables. Su violación constituye un menoscabo del Estado de Derecho mismo.
En palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos los jueces deben poder resolver “sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo” y la “independencia de la jurisdicción, como la imparcialidad, debe ser garantizada por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico” (Corte IDH, casos “Chocrón Chocrón” 2011, “Atala Riffo” 2012, “Quintana Coello” 2013, “Tribunal Constitucional” 2013, “López Lone” 2015 y “Valencia Hinojosa”, 2016).
De ser cierto estos trascendidos, no sólo sería de una enorme gravedad institucional sino que incluso pondría en estado de alarma a los demás Magistrados de instancias inferiores.
