Desde la Lista Celeste reiteramos nuestro profundo respeto por la labor del periodismo y por el rol central que cumple en una sociedad democrática. Ese reconocimiento, sin embargo, no implica aceptar que todo valga en nombre de la libertad de expresión.
La difusión de informaciones falsas, la alusión a familiares ajenos al ejercicio de responsabilidades institucionales y la reaparición de versiones del pasado abiertamente infundadas no constituyen periodismo de calidad ni aportan al debate público. Por el contrario, son prácticas injustas y dañinas.
Llama especialmente la atención que, frente a un fallo judicial concreto, no se formule cuestionamiento alguno al ejercicio de la función jurisdiccional ni al contenido de la decisión adoptada. La razón parece evidente: el magistrado actuó conforme a derecho, con fundamento en la ley y dentro de las competencias que el ordenamiento jurídico le asigna.
En ese sentido, hubiera sido más honesto —y más útil para la ciudadanía— analizar el fallo en sí, antes que desviar el eje hacia ataques personales carentes de relevancia institucional.
Lo verdaderamente importante, y lo que debería guiar toda difusión pública responsable, es transmitir la verdad: no ensuciar de manera falaz, no dañar reputaciones mediante insinuaciones infundadas ni utilizar el espacio público con el único objetivo de provocar un perjuicio personal ajeno al desempeño de tareas institucionales.
Cuando se cruza esa línea, el problema deja de ser una persona en particular y pasa a ser el mensaje que se transmite a la sociedad.
No hay democracia plena si se pretende disciplinar a los jueces por el contenido de sus decisiones.