La semana pasada emitimos un comunicado repudiando las críticas formuladas por el periodista Morales Solá, basadas en premisas falsas y carentes de fundamentos serios.
Ahora, bajo el título “Un país de insolentes y atrevidos”, en la edición del 12 de febrero, se refiere a la reciente decisión plenaria de la Cámara Nacional en lo Civil que, por unanimidad, resolvió que sus sentencias no son apelables ante el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, criterio que posteriormente fuera seguido por la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
Se trata de una decisión muy elaborada, con argumentos muy sólidos. Sin embargo, para el citado periodista, “los jueces de instancias inferiores cometen la desmesura -y el disparate, sobre todo- de anunciar que desobedecerán a la Corte Suprema”.
Si bien somos respetuosos de la libertad de expresión, llama la atención tan pobre conclusión de quien, evidentemente, desconoce los pilares básicos del sistema constitucional argentino.
Cabe recordar que los jueces son independientes, tanto externa como internamente, lo que incluye a la Corte Suprema. Los fallos de este Tribunal sólo producen efectos en el caso concreto, no se proyectan a otros.
Dentro de la organización judicial hay distintas instancias de apelación, pero no existe la autoridad a la manera de otras organizaciones (v.gr.: Poder Ejecutivo, Policía, entre otros). Ergo, tampoco existe la supuesta “obediencia”. Los jueces son libres de decidir los asuntos sometidos a su conocimiento con plena libertad, en tanto apliquen las leyes vigentes.
Es el sistema constitucional argentino, inspirado en el modelo norteamericano, en el que los jueces conforman uno de los tres poderes. Lo que diferencia a los jueces argentinos de otros modelos europeos es que, justamente, al estar facultados a declarar la inconstitucionalidad de las leyes, constituyen un Poder del Estado y no un mero servicio de justicia. Esta tarea se ejerce con absoluta independencia de cualquier injerencia.
Es obvio también que someter las sentencias de los tribunales nacionales al control de un órgano extraño al Poder Judicial de la Nación, como lo es el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, se atenta contra dicha independencia.
En suma, lamentamos expresiones tan irresponsables de quien tiene el deber de informar, pero ni siquiera leyó la sentencia que descalifica para luego ofender a sus firmantes.