En el día de hoy, nuestro Consejero Dr. Alberto Agustín Lugones, presentó al Presidente del Consejo de la Magistratura un proyecto que propone la aprobación de un “Protocolo de Medidas Mínimas de Seguridad y Protección Judicial” de carácter reservado y la creación de la “Unidad de Resguardo y Seguridad de Jueces y Juezas”, con el objeto de garantizar la seguridad de las/os magistradas/os, como así también de las/os funcionarias/os y empleadas/os del Poder Judicial de la Nación, y, en definitiva, la independencia judicial. Ello, de conformidad con lo normado en el art. 114 inc. 6 de la Constitución Nacional que establece que “una de las atribuciones principales del Consejo de la Magistratura de la Nación es dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia”.
Las propuestas se fundamentan en la situación actual a la que se enfrentan las/os juezas/ces de todo el país, que tienen a su cargo investigaciones contra organizaciones criminales vinculadas a delitos complejos, las cuales cuentan con superestructuras financiadas con dinero producto de actividades ilícitas.
Se observa con creciente preocupación que muchas/os magistradas/os reciben cada vez más amenazas y sufren atentados que ponen en riesgo su integridad psíquica y física, como así también la de su familia. En la mayoría de los casos, no cuentan con la protección debida, los recursos, ni las herramientas para hacer frente a estas situaciones. De ahí que surge la obvia necesidad de reforzar la seguridad de los juzgados y, en especial, los del interior del país.
La “Unidad de Resguardo y Seguridad de Juezas y Jueces de la Nación”, tendrá por función principal recibir las solicitudes de apoyo formuladas por las/os magistradas/os que se acojan al Protocolo, y evaluar las circunstancias así como las medidas y/o diligencias necesarias, con el propósito de garantizar su protección de un modo más completo y eficiente.