Los últimos días de la campaña presidencial electoral hemos presenciado con preocupación cómo algunos candidatos, con tal de captar algunos votos más, han sido capaces de prometer reformas absolutamente violatorias a la Constitución Nacional, a los Tratados de DDHH y al Estado de Derecho.
Entre ellas queremos remarcar nuestro repudio a la propuesta de escuchar conversaciones telefónicas privadas entre imputados penales y sus abogados defensores. La confidencialidad y el derecho a la reserva de las comunicaciones entre el imputado penal y su defensor técnico es un principio inviolable de arraigadísima tradición en todo el mundo, y es la base y condición, no sólo para el ejercicio de nuestra profesión, sino también para el correcto funcionamiento del sistema de Justicia.
Tal reforma no solo sería imposible porque sería abierta e indiscutiblemente inconstitucional, sino que además sería de una gran inconveniencia para la efectiva prestación del servicio de justicia, a la vez que acarrearía seguramente la responsabilidad del Estado Argentino frente a los organismos internacionales.
La Lista Celeste reclama a las autoridades de la Asociación Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional que se pronuncien de forma similar, repudiando estos ataques al Estado de derecho y respaldando el funcionamiento de una administración de justicia independiente, que necesita para ser eficaz e imparcial, de la irremplazable tarea de los abogados defensores.