En la edición del 5 de febrero, el periodista Morales Solá publicó una nota en La Nación, plagada de falacias y de inexactitudes, además de ofensas a los jueces de la Nación.
Con relación a la causa “Levinas” , sostuvo el periodista que el “juez, Carlos Rosenkrantz, votó en disidencia porque consideró que el mecanismo era muy desordenado”. Dicho magistrado votó en disidencia con argumentos de fuerte contenido constitucional, y con apoyo en la legislación vigente.
Agregó que “Los jueces nacionales se llaman así porque trabajan en la Capital, pero en realidad resuelven problemas que en cualquier provincia tratan los jueces locales”. Nada más alejado de la realidad. Los jueces nacionales, que se desempeñan justamente en la CAPITAL FEDERAL (no en una provincia), resuelven asuntos que interesan al Estado Nacional, además de los conflictos entre particulares.
También afirmó que “la causa del Correo Argentino, de la familia Macri, que se encontraba en la Justicia nacional en manos de jueces y fiscales cercanos al kirchnerismo”. Para justificar lo injustificable, se apela a nuevas falacias. Una falacia es una argumentación que a simple vista parece válida, pero que en realidad contiene falsedades. Además, ofende a un tribunal y a una fiscal prestigiosos.
Sigue en su nota manifestando que hay que respetar “la condición de provincia argentina de la Capital”. Grosero error, quizás justificado por no ser abogado su autor, pero debería informarse mejor. Además, aunque así fuera, la Ciudad tiene su organización judicial, sus propios tribunales, a los que la Justicia Nacional es ajena.
Causa estupor el siguiente párrafo: “Fiscales importantes del fuero federal están buscando una solución: señalaron que los fiscales nacionales de la Capital podrían pedir el traslado a la Justicia local o al fuero federal, que tendrá una creciente necesidad de fiscales cuando en toda la Justicia se aplique el sistema acusatorio, que les da a los fiscales mucho más poder del que tienen. Es posible, eso sí, que deban salir de la Capital para trabajar en el primero o en el segundo cordón del Gran Buenos Aires”. No merece siquiera el esfuerzo de responder.
Como si fuera poco, agrega en su comentario que “la Asociación de Magistrados no es parte ni podría serlo. No está en condiciones de presentarse ante ese empinado tribunal en este caso”. Justamente, la Asociación de Magistrados tiene por misión defender la independencia del Poder Judicial, y de los ataques a sus asociados. En el caso, está en juego la independencia de la mayor parte de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y de los Ministerios Públicos, ya que se pretende someterlos al control de un tribunal ajeno a la jurisdicción nacional.
Además, si la mayoría de sus socios dejan de pertenecer a la Justicia Nacional, dicha Asociación quedaría desmantelada. Vaya si tiene legitimación.
También serán víctima de este proceso los ciudadanos, cuyos litigios durarán varios años más, y deberán afrontar el costo con una mayor carga impositiva.
En suma, lamentamos que de manera tan pobre y carente de precisión jurídica se enfoque un tema tan relevante, desinformando de ese modo a la sociedad.