RECHAZO A LA DOBLE VARA
Como Magistradas/os y Funcionarias/os tenemos la obligación de respeto y garantía de los derechos y de la institucionalidad en una democracia constitucional.
Estos días se han dado enconados debates, en torno a una jueza del tribunal penal federal más importante del país, que cumplió 75 años y continuaba en su cargo. Abstracción hecha de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación disponiendo el cese de la magistrada, antes y después de que ello ocurriera, en ámbitos diversos, y sobre todo a través de los medios de comunicación, se sometió a un escarnio público a la Dra. Ana María Figueroa, quien se encontraba en espera de la culminación del trámite constitucional para su acuerdo que desde hacía meses había ingresado al Senado de la Nación.
La mayoría de las comunicaciones propagadas, no aludieron a la disímil interpretación de las exigencias para considerar en cese a un/a magistrado/a, respecto al cual el Poder Ejecutivo había solicitado nuevo acuerdo al Senado por el plazo de 5 años, de consuno al artículo 99 inc. 4 de la Constitución Nacional; interpretación que en tiempo reciente posibilitó (hasta la camarista Figueroa), que permanecieran en funciones al menos 7 magistradas/os del Poder Judicial de la Nación -luego de cumplir 75 años- continuando en sus cargos y percibiendo la totalidad de sus haberes, sin que en ese momento contaran con el acuerdo del Senado de la Nación, y sólo con el previo envío del correspondiente pliego del Poder Ejecutivo Nacional.
La doble vara, cuya razón de ser en este caso puede fácilmente colegirse, genera el descreimiento público sobre instituciones, normas y reglamentaciones que se suponen iguales para todos. No es la mayor o menor simpatía ideológica que algún/a periodista pueda tener con un juez o una jueza, lo que las/os convierte en íntegros, independientes o probos –ni tampoco lo contrario-; sino la sujeción a las disposiciones que rigen su actuar funcional, que se evalúan por mandato constitucional, en el Consejo de la Magistratura de la Nación.
La Doctora Ana María Figueroa accedió al escaño más alto de la justicia penal federal, luego de un concurso público de oposición y antecedentes, y a partir de su consabido recorrido en la defensa de derechos humanos y cuestiones de género. Fue en virtud de su experticia que hace años fue convocada por un referente de la lista bordó de la AMFJN, el Dr. Luis Cabral, para presidir la primera Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
No es menos importante desterrar la doble vara durante un proceso electoral interno y que, con fuerza y decisión, toda la AMFJN recuerde su cometido institucional, y postule ante las autoridades involucradas, la inmediata designación y cobertura de tantas vacantes en la Administración de Justicia Nacional y Federal