El Estado Argentino ha asumido compromisos impostergables en materia de género.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, instrumento con jerarquía constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, en los términos del art. 75 inc. 22 de la CN, refiere que “la máxima participación de la mujer en todas las esferas, en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz.” Y, en tal sentido, constituye una obligación para el Estado Argentino el cumplimento de la manda del art 7 de la citada Convención; de la Constitución Nacional (art. 37); del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y Convención Americana de Derechos Humanos, que establecen que los Estados tienen la obligación de garantizar a varones y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos.
De ahí que, la postulación efectuada por el Presidente de la Nación de los dos candidatos para ocupar vacantes en la CSJN, implica un retroceso en esta materia, imposible de justificar constitucional o convencionalmente que importaría el peor momento de la CSJN desde el regreso de la democracia; sin que ello implique valoraciones negativas sobre los candidatos.
Reclamamos a las autoridades de la AMFJN se pronuncien en igual sentido.