Mes: marzo 2024

El Estado Argentino ha asumido compromisos impostergables en materia de género.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, instrumento con jerarquía constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, en los términos del art. 75 inc. 22 de la CN, refiere que “la máxima participación de la mujer en todas las esferas, en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz.” Y, en tal sentido, constituye una obligación para el Estado Argentino el cumplimento de la manda del art 7 de la citada Convención; de la Constitución Nacional (art. 37); del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y Convención Americana de Derechos Humanos, que establecen que los Estados tienen la obligación de garantizar a varones y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos.

De ahí que, la postulación efectuada por el Presidente de la Nación de los dos candidatos para ocupar vacantes en la CSJN, implica un retroceso en esta materia, imposible de justificar constitucional o convencionalmente que importaría el peor momento de la CSJN desde el regreso de la democracia; sin que ello implique valoraciones negativas sobre los candidatos.

Reclamamos a las autoridades de la AMFJN se pronuncien en igual sentido.

Las necesarias transformaciones del sistema de justicia penal son un mandato legal y constitucional.
Estos cambios de paradigma requieren para su éxito de un accionar mancomunado y coordinado de todos los actores del
Poder Judicial, los Ministerios Públicos, los representantes de los trabajadores, funcionarios y magistrados, el Ministerio de Justicia, las fuerzas de seguridad y el Poder Legislativo.
Al respecto, cabe destacar que cualquier determinación inconsulta e intempestiva, que no privilegie los mecanismos de articulación institucionales necesarios, conspira contra el éxito del proceso en ciernes. De hecho, aún no se han puesto en marcha las estructuras internas para funcionar de acuerdo a las normas.
En esta línea, expresamos nuestro apoyo a las posiciones planteadas por el Ministerio Público Fiscal de la Nación en el día de la fecha y exhortamos a las autoridades del Poder Ejecutivo a generar un diálogo constructivo que resulte conducente a la adecuada implementación del Código Procesal Penal Federal.

En vista de la creciente ola de violencia que viene azotando a la ciudad de Rosario y que, lamentablemente, ha aumentado en las últimas horas, queremos expresar nuestro acompañamiento a las víctimas y a las familias afectadas, como así también reiterar nuestro apoyo a todas las autoridades federales y provinciales encargadas de velar por la seguridad e impartir justicia en la provincia de Santa Fe.

Como referimos en innumerables ocasiones, la Lista Celeste de la AMFJN repudia enfáticamente todos los hechos de violencia provenientes de organizaciones criminales que han tenido por víctimas también a magistrados/as del Poder Judicial de la Nación, de los Ministerios Públicos y de la justicia local de esa provincia y, a la par, se encuentra firmemente comprometida con la debida protección y seguridad de la comunidad en general y, en particular, con quienes prestan el servicio de justicia.

Tal es así que nuestro Consejero Dr. Alberto Agustín Lugones, presentó una nota al Presidente del Consejo de la Magistratura para que se efectuara un requerimiento institucional tendiente a garantizar la debida protección y seguridad de quienes
investigan esos acontecimientos y un proyecto de creación de la “Unidad de Seguridad y Resguardo de Jueces y Juezas de la Nación” con un “Protocolo de medidas mínimas de seguridad y protección judicial”, con el objetivo de afianzar la independencia y el buen servicio de justicia, ante la posibilidad de que pudiera encontrarse comprometida la función jurisdiccional.

Reiteramos una vez más la necesidad imperante e impostergable de cubrir las vacantes pendientes y así poder lograr una mejor respuesta ante las necesidades sociales de esa jurisdicción.

La Lista Celeste manifiesta su plena disposición para colaborar con las autoridades correspondientes para contribuir en todas las acciones necesarias que permitan restituir, de una vez por todas, el Estado de Derecho en esa provincia.