Las necesarias transformaciones del sistema de justicia penal son un mandato legal y constitucional.
Estos cambios de paradigma requieren para su éxito de un accionar mancomunado y coordinado de todos los actores del
Poder Judicial, los Ministerios Públicos, los representantes de los trabajadores, funcionarios y magistrados, el Ministerio de Justicia, las fuerzas de seguridad y el Poder Legislativo.
Al respecto, cabe destacar que cualquier determinación inconsulta e intempestiva, que no privilegie los mecanismos de articulación institucionales necesarios, conspira contra el éxito del proceso en ciernes. De hecho, aún no se han puesto en marcha las estructuras internas para funcionar de acuerdo a las normas.
En esta línea, expresamos nuestro apoyo a las posiciones planteadas por el Ministerio Público Fiscal de la Nación en el día de la fecha y exhortamos a las autoridades del Poder Ejecutivo a generar un diálogo constructivo que resulte conducente a la adecuada implementación del Código Procesal Penal Federal.