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La Lista Celeste informa que ya cuenta con dictamen favorable de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Administración General y en condiciones de ser tratado por la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura, la presentación efectuada por el Sr. Consejero Dr. Alberto Lugones ante la Presidencia del Consejo de la Magistratura de la Nación el 16-12-22, requiriendo que el cuerpo solicite la modificación de la Resolución Prev-11-46 de la ANSES, que establece disposiciones violatorias de lo normado por la Ley 27.546, excluyendo de los beneficios jubilatorios de la Ley 24018 y su modificatoria, a numerosos funcionarios de carrera del P.J.N. y de los M.P., como por ejemplo Peritos, Directores y Subdirectores, Prosecretarios Jefe, Subsecretarios Administrativos y otros que, por imperio del art. 16 de la propia Ley 27.546, quedaban incluidos si al momento de la sanción de la misma estaban aportando al sistema.

La Lista Celeste manifiesta su profundo rechazo a las acciones de violencia armada iniciadas en Israel por grupos terroristas. Se solidariza especialmente con las víctimas y hace un llamado a que cese la violencia y se retomen los caminos de paz y diálogo establecidos por el derecho internacional.

Desde nuestro espacio en la administración de justicia, reafirmamos que el odio y la violencia siempre resultan repudiables y no pueden constituir argumentos a blandir en ninguna coyuntura.

ASOCIATIVISMO PLENO – debemos lograr que la Asociación cumpla en un todo con su objeto social en pos de los/as asociados/as de todas las latitudes. Para ello proponemos:

1) Generar una comunicación eficaz y profesional que reivindique nuestros valores de justicia independiente, imparcial, transparente, responsable, eficaz y equitativa ante la sociedad. Para ello se propondrá crear un canal de comunicación que informe en tiempo real al/la asociado/a de todas las actividades que se realicen.
2) Brindar asistencia a todos/as los/as asociados/as por cualquier denuncia y/o sumario, de modo tal que se garantice su derecho de defensa, tanto para magistrados/as como para funcionarios/as.
3) Instar a la realización de todas las acciones necesarias para promover la paridad de género sea tanto para acceder a cargos de toma de decisión como para evitar situaciones de acoso laboral. Creación de Cuerpo interdisciplinario.
4) Establecer una real representación de las/os funcionarias/os en la dirección de la AMFJN.
5) Impulsar desde la AMFJN el reconocimiento del derecho a sufragio activo a los/las funcionarios/as judiciales, a fin de que puedan participar de la elección de los Consejeros Jueces del Consejo de la Magistratura de la Nación.
6) Respecto del Ministerio Público Fiscal, reclamar la modificación del régimen disciplinario, de modo tal que garantice el derecho de defensa.
7) Revitalizar el funcionamiento y/o crear una Comisión Informática para generar propuestas y entablar un diálogo fructífero con el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Ministerio de Justicia, los Ministerios Públicos y Colegios de Abogados para mejorar los sistemas existentes.
8) Rendir cuentas anualmente a los/as afiliados/as de las gestiones y propuestas cumplidas y realizadas durante el año.
9) Revitalizar la Comisión de Seguimiento de Concursos con capacitaciones permanentes, asesoramiento de las distintas etapas de los procesos de concursos.
10) Creación de la Comisión de Asistencia letrada y contable para evacuar cualquier consulta que requieran los/as afiliados/as.
11) Creación de una Comisión para la defensa contra los ataques y escraches mediáticos y abusos a magistrados/as y funcionarios/as del PJN y MP.

CORPORATIVISMO INTERNO ASOCIATIVO – esto resulta indispensable para que todos los/as asociados/as, sin distinción de banderías, logren el efectivo respaldo que se necesita en nuestras labores al servicio de la justicia. Para ello proponemos:

1) Promover las acciones necesarias para resolver la desigual situación generada con el impuesto a las ganancias y su impacto selectivo en la carrera judicial.
2) Implementar una política activa y decidida para frenar definitivamente los intentos de degradación de la justicia nacional, a través del inconstitucional e injustificado traspaso a la CABA.
3) Generar un cambio definitivo de la Obra Social, para que vuelva a ser de excelencia y con igualdad de prestaciones para la Ciudad de Buenos Aires y el resto del país.
4) Generar un intercambio directo con ANSES para resolver los problemas pendientes en la implementación de la ley y otros problemas de los/as asociados/as jubilados/as o con su beneficio en trámite.
5) Reclamar al Ministerio de Seguridad de la Nación y sus pares provinciales, un plan de seguridad, que garantice el desempeño de los/as magistrados/as y funcionarios/as del PJN y de los Ministerios Públicos.
6) Disponer un trabajo directo con los organismos pertinentes (Comisión Bicameral, Ministerio de Justicia, Consejo de la Magistratura, Corte Suprema, Procuración General de la Nación y Defensoría General de la Nación) encaminado a resolver los problemas generados por la implementación del sistema informático como así también del Código Procesal Penal Federal y las nuevas leyes orgánicas, y asegurar la rápida cobertura de vacantes en el PJN y los MP.

FEDERALIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN – es de suma importancia que la renovación de nuestra Asociación pase por la necesaria federalización. Que sea la propia Asociación la que vaya a los/as asociados/as y no que estos tengan que recurrir a ella. Para ello proponemos:

1) Promover una equitativa representación de los/as afiliados/as del interior del país. Tanto en el Consejo Directivo como en la integración de las Comisiones.
2) Revitalizar la Comisión de Servicios para todos/as los/as asociados/as, para darle un verdadero carácter federal, especialmente para aquellos/as que están más alejados de los grandes centros poblacionales.
3) Redoblar los esfuerzos para que llegue la capacitación a todos/as y cada uno/a de los/as asociados/as y generar los acuerdos necesarios para que se puedan computar en los distintos concursos. A esos fines se pretende mejorar la Escuela Judicial duplicando la oferta de cursos, sobre todo para los/as asociados/as del interior. Ya sea en sus propias localidades o a través de becas para la realización de cursos en las grandes ciudades.
4) Brindar asesoramiento para aquellas personas con alguna discapacidad de modo tal que puedan acceder y avanzar en la carrera judicial.

Consideraciones del Dr. Alberto Lugones referidas a las eventuales modificaciones reglamentarias para la realización de concursos anticipados:

• “(…) me parece que alguna cláusula tenemos que incluir en el Reglamento de Concursos que nos haga responsables a cada uno de nosotros, en nuestro ámbito, con la gente a quienes representamos, para que los concursos se aprueben y vayan al ejecutivo, en plazo oportuno. Que después el ejecutivo envie los pliegos de la misma forma y que cuando lleguen al Senado también se aprueben de la misma forma. Todo esto lo tenemos que hacer porque es nuestra responsabilidad cubrir las vacantes para que el Poder Judicial funcione mejor. Y si nosotros no estamos en condiciones de cumplir la primera etapa, que es aprobar los concursos, todo lo demás es casi una expresión de deseo…”.

Extractos del voto del Dr. Lugones que sustentan la adhesión al dictamen que sancionó a los Dres. Anzoátegui y Rizzi:

• “(…) los magistrados como las magistradas pueden elegir cómo fundamentar sus resoluciones, siempre y cuando se salvaguarden los derechos y garantías constitucionales(…) Como expuse preliminarmente, el caso traído a estudio constituye una clara excepción que refleja que los Dres. Anzoátegui y Rizzi se excedieron en sus facultades al momento de resolver, que se investigara a quienes intervinieron en la aplicación de la interrupción legal del embarazo a una niña víctima de abuso, apartándose de la cuestión que fue sometida a su conocimiento”.

• “(…) si bien como consejero tengo como premisa obligatoria la no intromisión en procesos y/o sentencias que partan de una base jurisdiccional, sí debo hacerlo en los casos en que deliberadamente se decida no aplicar la normativa nacional e internacional vigente en la materia que incluso puede aparejar responsabilidad internacional del Estado. Aún más en lo personal cuando es pública mi postura indeclinable de que todos los funcionarios públicos deben cumplir con la Ley Micaela y todo compromiso asumido en cuanto a la perspectiva de género”.

• “Los magistrados hicieron caso omiso al marco jurídico local, vinculado a un derecho elemental de la víctima que consagra la no punibilidad del aborto (art. 86 CPN), e internacional (Convención sobre los derechos del Niño; Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; y la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, entre otros). A ello se le debe agregar, además, que incumplieron su deber como magistrados de adoptar medidas especiales de protección; a punto tal que potenciaron su revictimización, omitiendo contemplar en todo momento su situación de vulnerabilidad”.

• “La actuación parcial de los jueces quedó en evidencia al haber volcado cuestiones netamente subjetivas en una resolución que no lo ameritaba… dictaron una sentencia que padece de vicios jurídicos manifiestos, y con el único objeto de justificar una ideología sesgada tendiente a restringir derechos fundamentales de las mujeres, de las niñas y de las personas gestantes. Como bien se observa en el dictamen de Comisión, estos aspectos fueron expuestos por los magistrados cuando en vez de disponer una extracción objetiva de testimonios decidieron recurrir a adjetivos peyorativos y ofensivos que sirvieran de sustento para justificar lo injustificable”.

Los últimos días de la campaña presidencial electoral hemos presenciado con preocupación cómo algunos candidatos, con tal de captar algunos votos más, han sido capaces de prometer reformas absolutamente violatorias a la Constitución Nacional, a los Tratados de DDHH y al Estado de Derecho.

Entre ellas queremos remarcar nuestro repudio a la propuesta de escuchar conversaciones telefónicas privadas entre imputados penales y sus abogados defensores. La confidencialidad y el derecho a la reserva de las comunicaciones entre el imputado penal y su defensor técnico es un principio inviolable de arraigadísima tradición en todo el mundo, y es la base y condición, no sólo para el ejercicio de nuestra profesión, sino también para el correcto funcionamiento del sistema de Justicia.

Tal reforma no solo sería imposible porque sería abierta e indiscutiblemente inconstitucional, sino que además sería de una gran inconveniencia para la efectiva prestación del servicio de justicia, a la vez que acarrearía seguramente la responsabilidad del Estado Argentino frente a los organismos internacionales.

La Lista Celeste reclama a las autoridades de la Asociación Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional que se pronuncien de forma similar, repudiando estos ataques al Estado de derecho y respaldando el funcionamiento de una administración de justicia independiente, que necesita para ser eficaz e imparcial, de la irremplazable tarea de los abogados defensores.