Categoría: Comunicados

En la sesión plenaria del Consejo de la Magistratura de la Nación celebrada en el día de hoy, nuestro consejero Dr. Alberto Agustín Lugones expresó su postura en relación al fallo “Levinas” y al debate en torno al eventual traspaso de la Justicia Nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

Así, sostuvo que la decisión de la Corte Suprema en dicho caso no implica un traspaso, sino que se limita a ordenar un mecanismo recursivo frente a las resoluciones de las Cámaras Nacionales: “Lo que la CSJN dice puntualmente, es que las decisiones adoptadas por la Justicia Nacional/Cámaras Nacionales son recurribles ante el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad. Y eso no es traspaso. En todo caso, se fijó una instancia de revisión de la sentencia dictada por el Tribunal de alzada de la Justicia Nacional, nada más que eso.”

En esa línea, remarcó que el debate sobre un eventual traspaso excede las competencias de este Consejo: “Obviamente que me voy a oponer a que se confunda este fallo con una discusión sobre el traspaso, lo cual deberá ser abordado por el Poder Legislativo Nacional y la legislatura porteña, en su caso.”

En consonancia el presidente del Consejo y de la CSJN, Dr. Horacio Rosatti subrayó que el fallo “Levinas” resolvió únicamente una cuestión procesal para brindar seguridad jurídica a los/as abogados/as y a los/as justiciables, y que cualquier debate sobre el traspaso excede a la Corte y requiere una decisión política: “En ese sentido es que nosotros dijimos: este es el mecanismo procesal. Ahora, con relación al traspaso, ya no vamos a decir más nada. Porque esto corre por cuenta de los poderes políticos, efectivamente a través de un convenio entre el Congreso de la Nación y la legislatura provincial (…) Es una cuestión ajena a la Corte”.

 

De esta manera, ambas intervenciones coincidieron en despejar interpretaciones erróneas y en remarcar que el fallo “Levinas” no habilita el traspaso de la Justicia Nacional a la órbita porteña.

Desde la Lista Celeste reafirmamos nuestra convicción de que la Justicia Nacional debe permanecer en el ámbito que le corresponde.

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Desde la Lista Celeste manifestamos nuestro más enérgico repudio ante el grave hecho de intimidación sufrido por la Dra. Natalia Martínez, conjueza del Juzgado Federal N° 2 de Rosario, ocurrido en su domicilio particular.

Este episodio, perpetrado con un claro ánimo amedrentador, constituye un inadmisible intento de coacción sobre la función judicial y una seria amenaza al normal funcionamiento de las instituciones democráticas. La independencia de juezas y jueces, así como su libertad para resolver sin presiones ni condicionamientos, es un principio esencial del Estado de Derecho.

Expresamos nuestra plena solidaridad con la Dra. Martínez y exhortamos a las autoridades competentes a esclarecer a la mayor brevedad este lamentable episodio, adoptando asimismo las medidas necesarias para garantizar su seguridad, la de su familia y la de todo el personal judicial.

La Lista Celeste manifiesta su preocupación por las declaraciones de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Dra. Inés Weinberg, referidas a la necesidad de “completar la autonomía judicial de la Ciudad” mediante el traspaso de la justicia nacional ordinaria.

Corresponde recordar que la Ley 24.588 (Ley Cafiero) dispone de manera expresa que la justicia nacional ordinaria con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires permanece en el ámbito del Poder Judicial de la Nación, y que toda modificación en este sentido únicamente puede concretarse a través de los mecanismos constitucionales y legislativos pertinentes.

El intento de impulsar un traspaso sin el debido debate parlamentario y sin los acuerdos previstos no solo implicaría una vulneración del federalismo y de la seguridad jurídica, sino que además afectaría de modo directo los derechos de las personas que diariamente concurren a los tribunales nacionales en busca de justicia.

Una vez más ratificamos nuestra inalterable posición: la justicia nacional debe continuar en el ámbito que le corresponde, asegurando igualdad, previsibilidad y un servicio de justicia accesible para toda la ciudadanía.

Sin perjuicio de la opinión personal que cada uno pueda tener respecto de los fallos judiciales, generan seria preocupación y rechazo las manifestaciones vertidas por algunas consejeras y consejeros en la sesión de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación, celebrada el pasado 13 de agosto. En esa oportunidad, se cuestionaron decisiones del juez Dr. Carlos Goggi vinculadas con la ley de honorarios y, lejos de limitarse a la crítica, se solicitó que fuera citado para brindar explicaciones y justificar el sentido de su sentencia, a fin de evaluar su conducta.

Al tratarse de un contenido estrictamente jurisdiccional, semejante requerimiento vulnera de manera clara la garantía de independencia del Poder Judicial, obligación que la propia denunciante está llamada a resguardar. Resulta especialmente grave que, pese a su mayor responsabilidad institucional, haya formulado una defensa endeble de intereses corporativos, en abierta contradicción con normas constitucionales y convencionales.

La protección constitucional en este punto es absoluta: el presupuesto esencial de la función de juzgar se vería comprometido si los magistrados pudieran ser sancionados o removidos por el solo hecho de que los argumentos de sus sentencias resulten objetables. Con mayor razón cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que los jueces tienen el deber de declarar la inconstitucionalidad de las normas que contraríen el orden constitucional argentino, aun sin petición expresa de parte (CSJN, fallo “Rodríguez Pereira, Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino”, sentencia del 27/11/2012).

Reiteramos con la mayor firmeza que la independencia judicial es un principio constitucional que no puede ser vulnerado. Así lo expresó con claridad nuestro consejero, Dr. Alberto Agustín Lugones, al momento de tratar y votar esta cuestión (ver video aquí).

La Lista Celeste manifiesta su más enérgico repudio a las declaraciones de integrantes del Poder Ejecutivo Nacional quienes, bajo la amenaza de recusar al Dr. Ernesto Kreplak, titular del Juzgado Federal N.° 3 de La Plata, intentan condicionar su actuación en una causa de altísimo interés público, ampliamente difundida.

Expresiones de esta índole constituyen una grave intromisión en el sistema republicano de división de poderes y un claro avasallamiento a la independencia judicial, principios esenciales del Estado de Derecho.

Desde nuestro espacio, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa irrestricta de la labor judicial e instamos a los demás poderes del Estado a respetar plenamente las instituciones.

Una vez más, la Lista Celeste reafirma su posición respecto al fortalecimiento de la Justicia Nacional.

Tal como lo viene planteando en reiteradas oportunidades nuestro consejero Dr. Alberto A. Lugones, insistimos en la necesidad urgente de avanzar con los concursos de los fueros nacionales para garantizar la cobertura de vacantes.

Este espacio continuará reclamando, en cada ámbito correspondiente, que se priorice el desarrollo de los concursos y el nombramiento de magistradas y magistrados, asegurando así el funcionamiento pleno del servicio de justicia.

Solicitamos asimismo un pronunciamiento de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional en idéntico sentido.

Frente a las manifestaciones públicas de un funcionario del Poder Ejecutivo Nacional, en las que se habría referido a la posibilidad de aplicar “los métodos de la Revolución Francesa” al Poder Judicial, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante cualquier enunciado que sugiera prácticas autoritarias, represivas o contrarias al Estado de Derecho.

La historia enseña que los llamados “métodos” de la Revolución Francesa implicaron la eliminación de la independencia judicial, la instauración de tribunales de excepción, la supresión de garantías legales y la ejecución de miles de personas sin el debido proceso. Invocar tales métodos frente a la disconformidad de decisiones judiciales no solo resulta inadmisible, sino que erosiona la confianza en el diálogo democrático y el respeto entre los poderes del Estado.

La división de poderes, la independencia judicial y el respeto por los derechos y garantías constitucionales son pilares esenciales de nuestra república. Ninguna reforma, transformación ni discrepancia con el contenido de una sentencia puede justificar amenazas, explícitas o simbólicas, contra jueces, fiscales o instituciones del Poder Judicial.

En tiempos de profundos desafíos institucionales, es indispensable que los funcionarios públicos actúen con responsabilidad, mesura y compromiso democrático. Llamamos a todos los referentes del ámbito político a preservar el orden constitucional, evitar discursos violentos y fortalecer el respeto mutuo entre los poderes del Estado.

Durante el tratamiento del expediente N° 13-02879/25, en el ámbito de la CAF, referido a la prórroga del seguro de automotores pertenecientes al Poder Judicial de la Nación, el Dr. Alberto A. Lugones dijo:

“Los vehículos oficiales son utilizados por magistrados para trasladarse, realizar allanamientos y también por personal de Superintendencia e Intendencia para garantizar el funcionamiento de los tribunales, especialmente en el Gran Buenos Aires y el interior del país”.

“Si bien los autos no trasladan expedientes, sí pueden llevar elementos que deben ser evaluados en distintos tribunales. No se puede minimizar su uso ni cortar el servicio sin prever cómo se garantizará el
funcionamiento judicial”.

“Los jueces del país trabajan con compromiso, enfrentando causas complejas como narcotráfico, contrabando y otros delitos, muchas veces en contextos de riesgo. Es válido controlar, pero no se debe frenar todo por alguna inquina contra un sector del Poder Judicial”.

“Represento a todos los jueces, no sólo a quienes me votaron. Si quieren, puedo excusarme personalmente, pero tengo el deber de sostener lo que vengo planteando por el mandato que me otorgaron mis colegas. Trabajo en la Cámara de San Martín y en el Consejo sin percibir ningún ingreso adicional. Pido respeto”.

“No acepto operaciones que busquen desprestigiarnos. Defiendo el correcto funcionamiento del Poder Judicial, no me hago cargo de quienes no cumplen con su función”.

Ante distintas versiones relacionadas a montos inexactos y tergiversados que habría cobrado un magistrado por diversas subrogancias, nuestro consejero, Dr. Alberto Agustín Lugones, presentó un oficio ante la Comisión de Administración y Financiera del CMN junto a la Dra. María Alejandra Provítola, en el que aclararon verdaderamente cuánto percibió -genuinamente- por su desempeño.

La presentación, realizada el día 12 de junio, resultó ser de suma relevancia, en función de que el informe oficial remitido dos días antes por la Comisión (relacionado a los montos abonados), refutó categóricamente las
circulaciones relacionadas a lo que había cobrado.

Para ser más precisos. Se difundió que el juez habría percibido alrededor de cincuenta veces más de lo que efectivamente se le pagó.

Estas manifestaciones y sucesos no pueden ser consentidas bajo ningún punto de vista, ya que su admisión no sólo pondría en riesgo la administración de recursos por parte del Consejo de la Magistratura de la Nación (art. 114 CN) sino, fundamentalmente, el derecho constitucional de los magistrados para recibir una compensación legal y justa en base a sus servicios (art. 110 CN).

En línea con ello, y para finalizar, resulta esencial destacar que las cuestiones vinculadas al régimen de subrogancias se encuentra actualmente a estudio, en el marco del expte. AAD 216/2024.

Desde la LISTA CELESTE expresamos nuestro respaldo a los jueces de la sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Dres. Roberto Pompa y Álvaro Balestrini y al Dr. José Ignacio Ramonet, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 69 en el marco de los recientes ataques públicos que recibieron a raíz de sus intervenciones en un expediente judicial.

Las resoluciones adoptadas por los magistrados -de reconocida trayectoria- se inscriben en el ejercicio legítimo de la función jurisdiccional, conforme a las atribuciones que les confiere la Constitución Nacional y la ley. Por ello, rechazamos enérgicamente cualquier intento de deslegitimar su actuación mediante campañas mediáticas que, lejos de contribuir al fortalecimiento institucional, buscan instalar sospechas infundadas sobre decisiones que deben ser debatidas en el marco del proceso judicial, a través de los canales previstos en el sistema legal.

Reclamamos a los medios que incurren en este tipo de acciones mayor responsabilidad y evitar caer en descalificaciones injustificadas y en campañas de presión que afecten el normal funcionamiento del servicio de justicia.