Categoría: Comunicados

Ante las manifestaciones del Presidente de la Nación en un reportaje televisivo del día de ayer, la Lista Celeste reivindica la independencia judicial como uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho, rechazando toda intromisión del Poder Ejecutivo en las atribuciones propias del Poder Judicial, en desmedro del principio republicano de división de poderes consagrado en el artículo 1° de la Constitución Nacional.

La independencia judicial no constituye un privilegio de magistrados y magistradas, sino una garantía esencial para todos los/as ciudadanos/as, que asegura que las decisiones se adopten exclusivamente conforme a la ley, sin presiones políticas ni interferencias externas.

En tiempos en que la República requiere fortalecer la confianza en sus instituciones, exhortamos a todas las autoridades del Estado a conducirse con respeto y dentro de los límites que la propia Constitución impone a cada poder.

Desde la Lista Celeste reiteramos la necesidad de avanzar con celeridad en los concursos en trámite del Consejo de la Magistratura de la Nación, a fin de cubrir las numerosas vacantes existentes en todo el país.

En la reunión de la Comisión de Selección del 10 de septiembre, nuestro consejero Dr. Alberto Agustín Lugones, junto a la consejera Dra. María Alejandra Provítola, presentaron un nuevo planteo orientado a acelerar los procesos de designación en los juzgados federales, en línea con la gestión impulsada en abril respecto de las vacantes nacionales.

La demora en estas coberturas repercute directamente en el funcionamiento de los tribunales y en el efectivo acceso a una justicia ágil y de calidad.

La Lista Celeste manifiesta su profunda preocupación ante los graves episodios sufridos por la Dra. Celia Delgado, Coordinadora de la Defensa Federal de Río Negro y Neuquén, víctima de malos tratos e inaceptables actitudes por parte del juez federal de Gral. Roca, Dr. Hugo Horacio Greca.

Estos hechos, además de constituir una falta de respeto hacia una funcionaria que cumple con su deber, vulneran el pleno ejercicio del derecho de defensa, principio esencial del Estado de Derecho y garantía constitucional que debe
resguardarse sin excepciones.

Desde la Lista Celeste expresamos nuestro apoyo a todo el Ministerio Público de la Defensa frente a las inapropiadas declaraciones realizadas ayer por la jueza federal, Dra. Arroyo Salgado.

Nada justifica que, por apetencias personales o intereses ajenos a la función, se mancille la labor silenciosa e incansable que diariamente llevan adelante quienes integran el Ministerio Público de la Defensa, profesionales cuya entrega y compromiso constituyen un verdadero orgullo para nuestro país.

Por el contrario, este es el momento de reconocer el esfuerzo de defensoras y defensores que, aun con sobrecarga de tareas y frente a enormes dificultades, garantizan cada día el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables y se erigen como un pilar indispensable de un sistema judicial democrático y al servicio de toda la sociedad.

En la sesión plenaria del Consejo de la Magistratura de la Nación celebrada en el día de hoy, nuestro consejero Dr. Alberto Agustín Lugones expresó su postura en relación al fallo “Levinas” y al debate en torno al eventual traspaso de la Justicia Nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

Así, sostuvo que la decisión de la Corte Suprema en dicho caso no implica un traspaso, sino que se limita a ordenar un mecanismo recursivo frente a las resoluciones de las Cámaras Nacionales: “Lo que la CSJN dice puntualmente, es que las decisiones adoptadas por la Justicia Nacional/Cámaras Nacionales son recurribles ante el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad. Y eso no es traspaso. En todo caso, se fijó una instancia de revisión de la sentencia dictada por el Tribunal de alzada de la Justicia Nacional, nada más que eso.”

En esa línea, remarcó que el debate sobre un eventual traspaso excede las competencias de este Consejo: “Obviamente que me voy a oponer a que se confunda este fallo con una discusión sobre el traspaso, lo cual deberá ser abordado por el Poder Legislativo Nacional y la legislatura porteña, en su caso.”

En consonancia el presidente del Consejo y de la CSJN, Dr. Horacio Rosatti subrayó que el fallo “Levinas” resolvió únicamente una cuestión procesal para brindar seguridad jurídica a los/as abogados/as y a los/as justiciables, y que cualquier debate sobre el traspaso excede a la Corte y requiere una decisión política: “En ese sentido es que nosotros dijimos: este es el mecanismo procesal. Ahora, con relación al traspaso, ya no vamos a decir más nada. Porque esto corre por cuenta de los poderes políticos, efectivamente a través de un convenio entre el Congreso de la Nación y la legislatura provincial (…) Es una cuestión ajena a la Corte”.

 

De esta manera, ambas intervenciones coincidieron en despejar interpretaciones erróneas y en remarcar que el fallo “Levinas” no habilita el traspaso de la Justicia Nacional a la órbita porteña.

Desde la Lista Celeste reafirmamos nuestra convicción de que la Justicia Nacional debe permanecer en el ámbito que le corresponde.

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Desde la Lista Celeste manifestamos nuestro más enérgico repudio ante el grave hecho de intimidación sufrido por la Dra. Natalia Martínez, conjueza del Juzgado Federal N° 2 de Rosario, ocurrido en su domicilio particular.

Este episodio, perpetrado con un claro ánimo amedrentador, constituye un inadmisible intento de coacción sobre la función judicial y una seria amenaza al normal funcionamiento de las instituciones democráticas. La independencia de juezas y jueces, así como su libertad para resolver sin presiones ni condicionamientos, es un principio esencial del Estado de Derecho.

Expresamos nuestra plena solidaridad con la Dra. Martínez y exhortamos a las autoridades competentes a esclarecer a la mayor brevedad este lamentable episodio, adoptando asimismo las medidas necesarias para garantizar su seguridad, la de su familia y la de todo el personal judicial.

La Lista Celeste manifiesta su preocupación por las declaraciones de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Dra. Inés Weinberg, referidas a la necesidad de “completar la autonomía judicial de la Ciudad” mediante el traspaso de la justicia nacional ordinaria.

Corresponde recordar que la Ley 24.588 (Ley Cafiero) dispone de manera expresa que la justicia nacional ordinaria con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires permanece en el ámbito del Poder Judicial de la Nación, y que toda modificación en este sentido únicamente puede concretarse a través de los mecanismos constitucionales y legislativos pertinentes.

El intento de impulsar un traspaso sin el debido debate parlamentario y sin los acuerdos previstos no solo implicaría una vulneración del federalismo y de la seguridad jurídica, sino que además afectaría de modo directo los derechos de las personas que diariamente concurren a los tribunales nacionales en busca de justicia.

Una vez más ratificamos nuestra inalterable posición: la justicia nacional debe continuar en el ámbito que le corresponde, asegurando igualdad, previsibilidad y un servicio de justicia accesible para toda la ciudadanía.

Sin perjuicio de la opinión personal que cada uno pueda tener respecto de los fallos judiciales, generan seria preocupación y rechazo las manifestaciones vertidas por algunas consejeras y consejeros en la sesión de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación, celebrada el pasado 13 de agosto. En esa oportunidad, se cuestionaron decisiones del juez Dr. Carlos Goggi vinculadas con la ley de honorarios y, lejos de limitarse a la crítica, se solicitó que fuera citado para brindar explicaciones y justificar el sentido de su sentencia, a fin de evaluar su conducta.

Al tratarse de un contenido estrictamente jurisdiccional, semejante requerimiento vulnera de manera clara la garantía de independencia del Poder Judicial, obligación que la propia denunciante está llamada a resguardar. Resulta especialmente grave que, pese a su mayor responsabilidad institucional, haya formulado una defensa endeble de intereses corporativos, en abierta contradicción con normas constitucionales y convencionales.

La protección constitucional en este punto es absoluta: el presupuesto esencial de la función de juzgar se vería comprometido si los magistrados pudieran ser sancionados o removidos por el solo hecho de que los argumentos de sus sentencias resulten objetables. Con mayor razón cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que los jueces tienen el deber de declarar la inconstitucionalidad de las normas que contraríen el orden constitucional argentino, aun sin petición expresa de parte (CSJN, fallo “Rodríguez Pereira, Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino”, sentencia del 27/11/2012).

Reiteramos con la mayor firmeza que la independencia judicial es un principio constitucional que no puede ser vulnerado. Así lo expresó con claridad nuestro consejero, Dr. Alberto Agustín Lugones, al momento de tratar y votar esta cuestión (ver video aquí).

La Lista Celeste manifiesta su más enérgico repudio a las declaraciones de integrantes del Poder Ejecutivo Nacional quienes, bajo la amenaza de recusar al Dr. Ernesto Kreplak, titular del Juzgado Federal N.° 3 de La Plata, intentan condicionar su actuación en una causa de altísimo interés público, ampliamente difundida.

Expresiones de esta índole constituyen una grave intromisión en el sistema republicano de división de poderes y un claro avasallamiento a la independencia judicial, principios esenciales del Estado de Derecho.

Desde nuestro espacio, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa irrestricta de la labor judicial e instamos a los demás poderes del Estado a respetar plenamente las instituciones.

Una vez más, la Lista Celeste reafirma su posición respecto al fortalecimiento de la Justicia Nacional.

Tal como lo viene planteando en reiteradas oportunidades nuestro consejero Dr. Alberto A. Lugones, insistimos en la necesidad urgente de avanzar con los concursos de los fueros nacionales para garantizar la cobertura de vacantes.

Este espacio continuará reclamando, en cada ámbito correspondiente, que se priorice el desarrollo de los concursos y el nombramiento de magistradas y magistrados, asegurando así el funcionamiento pleno del servicio de justicia.

Solicitamos asimismo un pronunciamiento de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional en idéntico sentido.