Proyecto de modificación del artículo 47 del reglamento de Concursos

7/5/19

 

Estimados colegas

 

Compartimos con ustedes el proyecto presentado por el Consejero representante de nuestro espacio, Alberto Agustín Lugones, por ante la Comisión de Reglamentación, y para su consideración en la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura de la Nación, en el cual propone la modificación del art. 47, in fine, del Reglamento de Concursos Públicos de Oposición y Antecedentes para la designación de Magistrados del Poder Judicial de la Nación.

 

Mediante esta propuesta se busca corregir aquello que, según se entiende, pudo haber llevado a que la discrecionalidad del Poder Ejecutivo de turno, termine derivando en situaciones que no fueron las pretendidas al dictarse la norma, dándose supuestos de concursos múltiples en los que una o más ternas fueron directamente omitidas al no haberse designado ninguno de los postulantes que las conformaban.

 

No debe soslayarse que el fin inmediato de los procesos de concursos públicos de oposición y antecedentes es la selección del postulante más idóneo, es decir, el que ha obtenido una puntuación mayor que el resto.

 

Para acceder al documento haga click aqui

Respeto al derecho de defensa de los magistrados

30/4/19

 

Estimados colegas

 

Compartimos con ustedes la presentación efectuada en el día de la fecha por el Consejero representante de nuestro espacio en el Consejo de la Magistratura de la Nación, Dr. Alberto Lugones, por ante la Comisión de Disciplina y Acusación.

 

En ella sostiene la interpretación reglamentaria que le garantiza a los Magistrados su legítimo ejercicio del derecho de defensa.

Traspaso- la Cámara Nacional del Trabajo ratifica su postura

25/4/19

 

Estimados colegas

 

Ponemos en su conocimiento la Resolución Nº 5/19 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, mediante la cual ratifica su postura asumida históricamente con respecto al traspaso de la Justicia Nacional al ámbito del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Este espacio comparte dicho decisorio en todos sus términos, y reitera una vez más su absoluto rechazo al desmembramiento del Poder Judicial de la Nación.

Justo reconocimiento

24/4/19

 

Estimados colegas,

 

Compartimos con ustedes la nota publicada por la agencia télam referida a la incorporación de la mujer en las ternas para el ingreso a la magistratura.

 

Queremos destacar a la ex Consejera y colega integrante de nuestro espacio, Dra. Gabriela Vázquez, quien fue la propulsora de tan importante iniciativa para contribuir a la lucha por la igualdad de oportunidades.

Solidaridad con las mujeres de la Cámara Federal de Casación Penal

12/4/19

 

La Lista Celeste se solidariza con las mujeres de la Cámara Federal de Casación Penal que sufren o han sufrido violencia de género en el ejercicio de sus funciones judiciales de parte del Juez Juan Carlos Gemignani y repudiamos que tales actos no reciban una respuesta institucional acorde a su gravedad.

 

Reclamamos a las instituciones competentes que cumplan estrictamente con la Convención Interamericana de Belem do Pará y la ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, por tratarse de un imperativo constitucional.

 

El cumplimiento de de estas normas debe abarcar todos los fueros y jurisdicciones del país.

Traspaso- las palabras sobran. Un fallo no cambia nuestra convicción

5/4/19

 

NUEVO FALLO DE LA CORTE SUPREMA SOBRE EL TRASPASO

 

Se recibe con estupor el reciente fallo de la Corte Suprema que -por mayoría- alienta el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires y que, con algún alcance, transforma al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en una suerte de alzada de los tribunales nacionales para determinados conflictos.

 

Se trata de un enfoque ciertamente equivocado sobre la autonomía de la Ciudad. En efecto, confunde autonomía con soberanía, que son dos conceptos distintos y equipara a la Ciudad de Buenos Aires con una provincia, olvidando que en su territorio se asienta la Capital Federal, dado que la Provincia de Buenos Aires cedió el terreno con ese fin. Por ende, los tribunales nacionales no son tribunales provinciales, ni la Ciudad goza de esta naturaleza.

 

Si bien el art. 129 de la Constitución Nacional otorga a la ciudad de Buenos Aires un régimen de gobierno autónomo, por otro lado el art. 75 inc. 30 de aquélla, atribuye al Congreso ejercer una legislación exclusiva en el territorio de la Capital de la Nación, facultad similar a la que le otorgaba el texto de 1853. A su vez, la cláusula transitoria séptima dispone que “el Congreso ejercerá en la ciudad de Buenos Aires, mientras sea capital de la Nación, las atribuciones legislativas que conserve con arreglo al art. 129”. Ello induce a pensar que todo debe quedar como estaba en materia de facultades legislativas, que es la solución que la ley 24.588 sentó en materia de seguridad y justicia.

 

A lo expuesto hay que sumar que no es factible el traslado de jueces nacionales, que como tales fueron designados, a ninguna otra jurisdicción. Ello violentaría claramente la garantía constitucional de inamovilidad, que no es un privilegio ya que fue pensada para seguridad de los ciudadanos.

 

Además de impedimentos constitucionales, imposibles de desarrollar aquí, hay también serios obstáculos de índole práctica. Falta de infraestructura edilicia, soporte de biblioteca, archivo para millones de expedientes, notificadores y oficiales de justicia, médicos forenses, obra social, leyes jubilatorias, concursos y procesos disciplinarios, cuentas bancarias, etc.

 

Las situaciones a resolver son infinitas y altamente costosas. Tampoco puede permitirse la liviana idea de incurrir en enormes gastos innecesarios, que sin duda se trasladarán al ciudadano bajo la forma de impuestos, en una época de crisis económica.

 

Es lamentable que, en lugar de volcar esfuerzos en mejorar la situación actual del Poder Judicial de la Nación, se piense solamente en complicarlo. Serán años de parálisis que sufrirán seriamente los ciudadanos que esperan justicia.

 

La Lista Celeste no celebra todas las decisiones de la Corte Suprema, dado su génesis plural y democrática. Ya hemos criticado lo resuelto, por ejemplo, en los casos Rozsa y Uriarte, en los que se puso un lamentable freno a la posibilidad, alentada por este espacio sin cesar, de que los Secretarios sean naturales reemplazantes de los jueces.

 

El reciente fallo de la Corte Suprema, además de alentar el traspaso (incluso en las disidencias), considera que los conflictos de competencia entre los jueces nacionales pueden ser resueltos por el Superior Tribunal de Justicia, sin ninguna ley que así lo prevea.

 

Es sorprendente, pues se trata de un tribunal de otro Poder, de otra jurisdicción, ajeno al Poder Judicial de la Nación, que se rige por otro Código Procesal y otras leyes llamadas locales.

 

Las palabras sobran.

 

ABSOLUTA OPOSICION AL TRASPASO DE LA JUSTICIA NACIONAL

4/4/19

 

La Lista Celeste manifiesta preocupación por las versiones periodísticas sobre posibles decisiones que implicarían llevar adelante el traspaso de gran parte de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ver nota de urgente24 aquí).

 

Es evidente que ello plantea problemas de interpretación constitucional, así como dificultades de toda índole, ya sea para los magistrados y funcionarios, como para los ciudadanos que esperan recibir satisfacción a sus reclamos.

 

Desde este espacio, como lo hemos sostenido en todo momento, nos opondremos a cualquier decisión en tal sentido, y aportaremos ideas y propuestas que eviten lesiones de índole institucional.

Espionaje ilegal a magistrados = gravedad institucional

4/4/19

 

Ante recientes versiones periodísticas que aluden a supuestas tareas de inteligencia y espionaje ilegal a jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, generando una lógica inquietud y estupor en la opinión pública, la Lista Celeste expresa, una vez más, su más enérgico rechazo a todo intento de menoscabar la independencia del Poder Judicial.

 

El deber inexcusable de asegurar la efectiva vigencia del Estado de Derecho que pesa sobre toda la comunidad jurídica –magistrados, funcionarios, abogados y miembros de los Ministerios Públicos– obliga a recordar que el principio de independencia judicial constituye un aspecto esencial de la democracia y tiene una dimensión institucional que trasciende la figura del juez e impacta colectivamente en toda la sociedad.

 

La independencia judicial es un presupuesto inequívoco de las garantías judiciales que integran los derechos fundamentales de los justiciables. Su violación constituye un menoscabo del Estado de Derecho mismo.

 

En palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos los jueces deben poder resolver “sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo” y la “independencia de la jurisdicción, como la imparcialidad, debe ser garantizada por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico” (Corte IDH, casos “Chocrón Chocrón” 2011, “Atala Riffo” 2012, “Quintana Coello” 2013, “Tribunal Constitucional” 2013, “López Lone” 2015 y “Valencia Hinojosa”, 2016).

 

De ser cierto estos trascendidos, no sólo sería de una enorme gravedad institucional sino que incluso pondría en estado de alarma a los demás Magistrados de instancias inferiores.

Descalificantes aseveraciones respecto de magistrados del TOF 5 y el deber de respetar la CN

1/4/19

 

La libertad de expresión es imprescindible para el funcionamiento de las instituciones democráticas. Ahora bien, no es correcto el ejercicio de ella cuando el único objetivo es denostar a magistrados que resuelven de manera que no nos gusta.

 

Para el adecuado funcionamiento del sistema democrático de gobierno, nos es exigible a todos el debido respeto de las instituciones de la República, de la Constitución Nacional y las leyes, y nada nos autoriza a exceder esos límites. Cuando esto ocurre, es necesario reclamar la adecuada cordura, pues el malsano ejercicio de la libertad de expresión puede afectar la honorabilidad de las personas y poner en riesgo el correcto funcionamiento de los poderes del Estado.

DEFENSA DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

20/3/19

 

La Lista Celeste expresa, como lo ha hecho en reiteradas oportunidades, su enérgico rechazo hacia cualquier intento de obstaculizar la labor de los magistrados que integran el Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos, que tienden a vulnerar su independencia. Máxime si ese intento proviene de otros poderes del Estado que deben respetar y hacer respetar las decisiones que se adopten en los procesos sometidos a juzgamiento, aun cuando no se las compartiese.

 

Desde nuestro espacio, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos puedan ejercer su labor libre de temor a represalias internas o externas.