Categoría: Comunicados

Frente a las manifestaciones públicas de un funcionario del Poder Ejecutivo Nacional, en las que se habría referido a la posibilidad de aplicar “los métodos de la Revolución Francesa” al Poder Judicial, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante cualquier enunciado que sugiera prácticas autoritarias, represivas o contrarias al Estado de Derecho.

La historia enseña que los llamados “métodos” de la Revolución Francesa implicaron la eliminación de la independencia judicial, la instauración de tribunales de excepción, la supresión de garantías legales y la ejecución de miles de personas sin el debido proceso. Invocar tales métodos frente a la disconformidad de decisiones judiciales no solo resulta inadmisible, sino que erosiona la confianza en el diálogo democrático y el respeto entre los poderes del Estado.

La división de poderes, la independencia judicial y el respeto por los derechos y garantías constitucionales son pilares esenciales de nuestra república. Ninguna reforma, transformación ni discrepancia con el contenido de una sentencia puede justificar amenazas, explícitas o simbólicas, contra jueces, fiscales o instituciones del Poder Judicial.

En tiempos de profundos desafíos institucionales, es indispensable que los funcionarios públicos actúen con responsabilidad, mesura y compromiso democrático. Llamamos a todos los referentes del ámbito político a preservar el orden constitucional, evitar discursos violentos y fortalecer el respeto mutuo entre los poderes del Estado.

Durante el tratamiento del expediente N° 13-02879/25, en el ámbito de la CAF, referido a la prórroga del seguro de automotores pertenecientes al Poder Judicial de la Nación, el Dr. Alberto A. Lugones dijo:

“Los vehículos oficiales son utilizados por magistrados para trasladarse, realizar allanamientos y también por personal de Superintendencia e Intendencia para garantizar el funcionamiento de los tribunales, especialmente en el Gran Buenos Aires y el interior del país”.

“Si bien los autos no trasladan expedientes, sí pueden llevar elementos que deben ser evaluados en distintos tribunales. No se puede minimizar su uso ni cortar el servicio sin prever cómo se garantizará el
funcionamiento judicial”.

“Los jueces del país trabajan con compromiso, enfrentando causas complejas como narcotráfico, contrabando y otros delitos, muchas veces en contextos de riesgo. Es válido controlar, pero no se debe frenar todo por alguna inquina contra un sector del Poder Judicial”.

“Represento a todos los jueces, no sólo a quienes me votaron. Si quieren, puedo excusarme personalmente, pero tengo el deber de sostener lo que vengo planteando por el mandato que me otorgaron mis colegas. Trabajo en la Cámara de San Martín y en el Consejo sin percibir ningún ingreso adicional. Pido respeto”.

“No acepto operaciones que busquen desprestigiarnos. Defiendo el correcto funcionamiento del Poder Judicial, no me hago cargo de quienes no cumplen con su función”.

Ante distintas versiones relacionadas a montos inexactos y tergiversados que habría cobrado un magistrado por diversas subrogancias, nuestro consejero, Dr. Alberto Agustín Lugones, presentó un oficio ante la Comisión de Administración y Financiera del CMN junto a la Dra. María Alejandra Provítola, en el que aclararon verdaderamente cuánto percibió -genuinamente- por su desempeño.

La presentación, realizada el día 12 de junio, resultó ser de suma relevancia, en función de que el informe oficial remitido dos días antes por la Comisión (relacionado a los montos abonados), refutó categóricamente las
circulaciones relacionadas a lo que había cobrado.

Para ser más precisos. Se difundió que el juez habría percibido alrededor de cincuenta veces más de lo que efectivamente se le pagó.

Estas manifestaciones y sucesos no pueden ser consentidas bajo ningún punto de vista, ya que su admisión no sólo pondría en riesgo la administración de recursos por parte del Consejo de la Magistratura de la Nación (art. 114 CN) sino, fundamentalmente, el derecho constitucional de los magistrados para recibir una compensación legal y justa en base a sus servicios (art. 110 CN).

En línea con ello, y para finalizar, resulta esencial destacar que las cuestiones vinculadas al régimen de subrogancias se encuentra actualmente a estudio, en el marco del expte. AAD 216/2024.

Desde la LISTA CELESTE expresamos nuestro respaldo a los jueces de la sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Dres. Roberto Pompa y Álvaro Balestrini y al Dr. José Ignacio Ramonet, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 69 en el marco de los recientes ataques públicos que recibieron a raíz de sus intervenciones en un expediente judicial.

Las resoluciones adoptadas por los magistrados -de reconocida trayectoria- se inscriben en el ejercicio legítimo de la función jurisdiccional, conforme a las atribuciones que les confiere la Constitución Nacional y la ley. Por ello, rechazamos enérgicamente cualquier intento de deslegitimar su actuación mediante campañas mediáticas que, lejos de contribuir al fortalecimiento institucional, buscan instalar sospechas infundadas sobre decisiones que deben ser debatidas en el marco del proceso judicial, a través de los canales previstos en el sistema legal.

Reclamamos a los medios que incurren en este tipo de acciones mayor responsabilidad y evitar caer en descalificaciones injustificadas y en campañas de presión que afecten el normal funcionamiento del servicio de justicia.

La Lista Celeste de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresa su solidaridad con los Dres. Patricio Rovira y Vilma Bisceglia, Presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos y Cultura, respectivamente, quienes fueron indebida
e injustificadamente convocados por la Mesa Directiva a brindar explicaciones respecto de un evento, previamente autorizado, llevado a cabo con pleno ejercicio de la libertad de expresión.

Genera profunda preocupación que este tipo de prácticas se haya tornado habitual, afectando el normal funcionamiento institucional, y el respeto por las atribuciones propias de cada comisión.

En este caso puntual, la decisión se adoptó sin siquiera el recaudo mínimo de visualizar la grabación del evento en cuestión. Fuera de lo impertinente de la citación, el video demuestra la sinrazón de la crítica.

Cabe reafirmar el compromiso con la libertad de opiniones, el debate plural, la autonomía de las comisiones, y los principios democráticos que deben regir el funcionamiento de la Asociación.

Desde la Lista Celeste manifestamos nuestro más firme repudio ante las amenazas sufridas por la Dra. Graciela L. Craig, jueza de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. La semana pasada, la magistrada recibió en su domicilio una intimidación con el claro objetivo de forzarla a modificar su voto en el marco de un proceso judicial pendiente de resolución.

Este hecho representa un inadmisible intento de coacción sobre la función judicial y constituye una grave afrenta al normal funcionamiento de las instituciones democráticas. La independencia de juezas y jueces, así como su libertad para resolver sin presiones ni condicionamientos, es un principio esencial del Estado de Derecho.

Expresamos nuestra plena solidaridad con la Dra. Craig y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la independencia judicial.

Gracias a las acciones positivas y a la exitosa gestión de nuestros representantes zonales, hemos logrado sostener la lista de unidad con mayoría Celeste para el período 2025/2027, ocupando 6 de los 11 cargos.

La nueva lista de autoridades viene a convalidar y consolidar el crecimiento y la presencia Celeste en la jurisdicción que debemos refrendar con votos en octubre.

Felicitaciones a los/as representantes por nuestro espacio Dres/as:

• Presidente: Fernando Poviña
• Vocal II: Pablo Álvarez
• Secretaria: Virginia Duffy
• Secretaria Suplente: Natalia Colombo
• Tesorera: María Carolina Gavilan
• Tesorero Suplente: Mariano Galletta

¡VAMOS POR MÁS!

Desde la Lista Celeste expresamos nuestro más firme repudio a las declaraciones vertidas en el programa de Luis Majul, en la entrevista con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Este tipo de manifestaciones constituyen un agravio directo e intolerable hacia quienes ejercen la magistratura con independencia y compromiso.

Por lo demás, desconocer el proceso constitucional complejo de designación de jueces/zas y sembrar sospechas infundadas sobre su legitimidad atenta contra el Estado de Derecho y la Constitución Nacional. Por ello, sus integrantes merecen respeto y no difamación.

Desde nuestro espacio, hemos solicitado un pronunciamiento institucional en el mismo sentido.

Frente a la Resolución Nro. 179/2025 del Ministerio de Justicia, que crea una comisión destinada a estudiar y analizar la transferencia de la Justicia Nacional Ordinaria al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Lista Celeste reitera su histórica posición contraria a cualquier intento de traspaso.

Esta nueva iniciativa se inscribe en una serie de intentos por avanzar sobre una estructura judicial nacional con profundas implicancias constitucionales e institucionales. Como hemos sostenido en numerosas oportunidades, el traspaso compulsivo vulnera derechos adquiridos, pone en riesgo la independencia del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos y no responde a una necesidad real del sistema judicial ni de la ciudadanía.

Insistimos que cualquier modificación estructural debe enmarcarse en un amplio debate federal, democrático y respetuoso del marco normativo vigente, incluyendo lo dispuesto por la Ley 24.588, que ratifica la permanencia de la Justicia Nacional Ordinaria bajo la órbita del Poder Judicial de la Nación.

Desde la Lista Celeste seguiremos defendiendo con claridad y convicción una justicia verdaderamente independiente, profesional y comprometida con el servicio a la sociedad, rechazando cualquier maniobra que atente contra su funcionamiento o estabilidad.

La Lista Celeste de la AMFJN observa que algunos integrantes de nuestra Asociación, se manifestaron de manera ambigua sobre tan importante fecha.

No es posible desandar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que enorgullece a nuestra historia institucional y, básicamente, al actuar conforme al Estado de Derecho, de nuestra Administración de Justicia, respetuosa de las garantías de todos los ciudadanos.

En efecto, hace 40 años, el país tomó una decisión histórica: El Juicio a las Juntas de 1985 marcó un hito a nivel mundial, valorado incluso por la comunidad jurídica internacional estableciendo que los delitos cometidos desde el aparato estatal no podían quedar impunes ni relativizados, colocando a nuestro país como pionero en estas políticas.

Como agentes del servicio de justicia tenemos la responsabilidad de no diluir la gravedad de aquellos crímenes, que son parte de una “historia penosa”, con graves violaciones a los derechos humanos. Esto debe ser reconocido con claridad y firmeza, ya que el Poder Judicial fue protagonista principal al sancionar a los responsables.

En ese sentido, las instituciones democráticas han avanzado, consolidando un compromiso transversal con la justicia y el respeto a los derechos humanos. A través de legislación de avanzada, Argentina ha ratificado su lugar en el mundo como un país que no tolera el olvido ni la impunidad al reconocer y condenar el terrorismo de Estado.

Resulta no menos llamativo, que quienes han participado en lugares de relevancia judicial incluso interviniendo activamente en los procesos y en sus sentencias, blanden enunciados “confusos”, cuando es menester reforzar la confianza en la justicia, y afianzar su independencia.

Desde nuestro espacio, reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la memoria, la verdad y la justicia, principios esenciales del Estado de derecho.