Categoría: Comunicados

La Lista Celeste de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresa su solidaridad con los Dres. Patricio Rovira y Vilma Bisceglia, Presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos y Cultura, respectivamente, quienes fueron indebida
e injustificadamente convocados por la Mesa Directiva a brindar explicaciones respecto de un evento, previamente autorizado, llevado a cabo con pleno ejercicio de la libertad de expresión.

Genera profunda preocupación que este tipo de prácticas se haya tornado habitual, afectando el normal funcionamiento institucional, y el respeto por las atribuciones propias de cada comisión.

En este caso puntual, la decisión se adoptó sin siquiera el recaudo mínimo de visualizar la grabación del evento en cuestión. Fuera de lo impertinente de la citación, el video demuestra la sinrazón de la crítica.

Cabe reafirmar el compromiso con la libertad de opiniones, el debate plural, la autonomía de las comisiones, y los principios democráticos que deben regir el funcionamiento de la Asociación.

Desde la Lista Celeste manifestamos nuestro más firme repudio ante las amenazas sufridas por la Dra. Graciela L. Craig, jueza de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. La semana pasada, la magistrada recibió en su domicilio una intimidación con el claro objetivo de forzarla a modificar su voto en el marco de un proceso judicial pendiente de resolución.

Este hecho representa un inadmisible intento de coacción sobre la función judicial y constituye una grave afrenta al normal funcionamiento de las instituciones democráticas. La independencia de juezas y jueces, así como su libertad para resolver sin presiones ni condicionamientos, es un principio esencial del Estado de Derecho.

Expresamos nuestra plena solidaridad con la Dra. Craig y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la independencia judicial.

Gracias a las acciones positivas y a la exitosa gestión de nuestros representantes zonales, hemos logrado sostener la lista de unidad con mayoría Celeste para el período 2025/2027, ocupando 6 de los 11 cargos.

La nueva lista de autoridades viene a convalidar y consolidar el crecimiento y la presencia Celeste en la jurisdicción que debemos refrendar con votos en octubre.

Felicitaciones a los/as representantes por nuestro espacio Dres/as:

• Presidente: Fernando Poviña
• Vocal II: Pablo Álvarez
• Secretaria: Virginia Duffy
• Secretaria Suplente: Natalia Colombo
• Tesorera: María Carolina Gavilan
• Tesorero Suplente: Mariano Galletta

¡VAMOS POR MÁS!

Desde la Lista Celeste expresamos nuestro más firme repudio a las declaraciones vertidas en el programa de Luis Majul, en la entrevista con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Este tipo de manifestaciones constituyen un agravio directo e intolerable hacia quienes ejercen la magistratura con independencia y compromiso.

Por lo demás, desconocer el proceso constitucional complejo de designación de jueces/zas y sembrar sospechas infundadas sobre su legitimidad atenta contra el Estado de Derecho y la Constitución Nacional. Por ello, sus integrantes merecen respeto y no difamación.

Desde nuestro espacio, hemos solicitado un pronunciamiento institucional en el mismo sentido.

Frente a la Resolución Nro. 179/2025 del Ministerio de Justicia, que crea una comisión destinada a estudiar y analizar la transferencia de la Justicia Nacional Ordinaria al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Lista Celeste reitera su histórica posición contraria a cualquier intento de traspaso.

Esta nueva iniciativa se inscribe en una serie de intentos por avanzar sobre una estructura judicial nacional con profundas implicancias constitucionales e institucionales. Como hemos sostenido en numerosas oportunidades, el traspaso compulsivo vulnera derechos adquiridos, pone en riesgo la independencia del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos y no responde a una necesidad real del sistema judicial ni de la ciudadanía.

Insistimos que cualquier modificación estructural debe enmarcarse en un amplio debate federal, democrático y respetuoso del marco normativo vigente, incluyendo lo dispuesto por la Ley 24.588, que ratifica la permanencia de la Justicia Nacional Ordinaria bajo la órbita del Poder Judicial de la Nación.

Desde la Lista Celeste seguiremos defendiendo con claridad y convicción una justicia verdaderamente independiente, profesional y comprometida con el servicio a la sociedad, rechazando cualquier maniobra que atente contra su funcionamiento o estabilidad.

La Lista Celeste de la AMFJN observa que algunos integrantes de nuestra Asociación, se manifestaron de manera ambigua sobre tan importante fecha.

No es posible desandar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que enorgullece a nuestra historia institucional y, básicamente, al actuar conforme al Estado de Derecho, de nuestra Administración de Justicia, respetuosa de las garantías de todos los ciudadanos.

En efecto, hace 40 años, el país tomó una decisión histórica: El Juicio a las Juntas de 1985 marcó un hito a nivel mundial, valorado incluso por la comunidad jurídica internacional estableciendo que los delitos cometidos desde el aparato estatal no podían quedar impunes ni relativizados, colocando a nuestro país como pionero en estas políticas.

Como agentes del servicio de justicia tenemos la responsabilidad de no diluir la gravedad de aquellos crímenes, que son parte de una “historia penosa”, con graves violaciones a los derechos humanos. Esto debe ser reconocido con claridad y firmeza, ya que el Poder Judicial fue protagonista principal al sancionar a los responsables.

En ese sentido, las instituciones democráticas han avanzado, consolidando un compromiso transversal con la justicia y el respeto a los derechos humanos. A través de legislación de avanzada, Argentina ha ratificado su lugar en el mundo como un país que no tolera el olvido ni la impunidad al reconocer y condenar el terrorismo de Estado.

Resulta no menos llamativo, que quienes han participado en lugares de relevancia judicial incluso interviniendo activamente en los procesos y en sus sentencias, blanden enunciados “confusos”, cuando es menester reforzar la confianza en la justicia, y afianzar su independencia.

Desde nuestro espacio, reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la memoria, la verdad y la justicia, principios esenciales del Estado de derecho.

Ante las declaraciones del Sr. Ministro de Justicia respecto a la actuación de la Jueza Karina Andrade en relación con la liberación de los detenidos, resulta necesario efectuar algunas aclaraciones fundamentales desde el punto de vista jurídico.

En primer lugar, la privación de libertad durante el proceso penal solo es procedente cuando resulta estrictamente necesaria para el éxito de la investigación. Este principio básico, ampliamente argumentado en la práctica profesional del derecho, exige que toda medida de detención esté debidamente fundada, detallando motivos, tiempo, lugar y datos identificatorios de los detenidos. De acuerdo con la resolución de la Dra. Andrade, estos requisitos no se cumplieron, por lo que su decisión se ajusta a derecho y resulta inatacable.

En segundo lugar, cabe recordar que el sistema judicial penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es de carácter acusatorio.
En este tipo de sistema, la función de investigación corresponde exclusivamente a la fiscalía, mientras que los jueces tienen el deber de garantizar el respeto de las garantías procesales y resolver los conflictos jurídicos que se presenten en el marco del proceso. En este sentido, resulta errónea la afirmación del Ministro al sostener que “la jueza debió investigar”.

Por otro lado, es importante destacar que la jueza interviniente no cerró la causa ni dictó el sobreseimiento de los detenidos, sino que dejó abierta la posibilidad de que las fiscalías continúen con la investigación, lo cual seguramente sucederá en el curso del proceso.

Finalmente, corresponde señalar que tanto la jueza como los fiscales intervinientes forman parte del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no del Poder Judicial de la Nación. Dicho sistema cuenta con sus propios órganos de gobierno y control, ajenos a la órbita nacional o federal. En consecuencia, las declaraciones del Ministro de Justicia constituyen una grave injerencia en otro poder del Estado, ajeno a su competencia, lo que genera confusión en la ciudadanía y vulnera el principio de independencia judicial.

Por todo lo expuesto, es fundamental preservar la autonomía y el respeto por las instituciones, evitando interferencias indebidas que afecten el correcto funcionamiento del sistema de justicia.

Desde la Lista Celeste expresamos nuestra profunda solidaridad con todos/as los/as colegas de la seccional
Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, en estos momentos de tanta angustia y dificultad que atraviesa toda la comunidad como consecuencia de las graves inundaciones que afectan la región.

En este marco, solicitamos a la AMFJN, tal como hizo en otras oportunidades, analice la viabilidad, a través de los canales institucionales correspondientes, de realizar una colecta solidaria con el fin de recaudar fondos para colaborar con lo que se necesite.

Asimismo, y considerando la excepcionalidad de la situación, solicitamos que se dispense a los/as afiliados/as de dicha seccional del pago de la cuota mensual por el plazo de 60 días, como gesto de acompañamiento y apoyo en este difícil contexto.

En el día de la fecha, el Consejo Directivo de la AMFJN, por unanimidad, con el apoyo fundamental de la Lista Celeste, creó la Comisión Permanente de la Justicia Nacional.
La flamante comisión estará a cargo de tres coordinadores/as (uno por cada espacio) y en la que podrán participar como miembros todos los asociados/as que pertenezcan a los estamentos e instancias de la justicia nacional, buscando abordar y brindar soluciones a las problemáticas actuales y cuestiones futuras que puedan presentarse.

La semana pasada emitimos un comunicado repudiando las críticas formuladas por el periodista Morales Solá, basadas en premisas falsas y carentes de fundamentos serios.

Ahora, bajo el título “Un país de insolentes y atrevidos”, en la edición del 12 de febrero, se refiere a la reciente decisión plenaria de la Cámara Nacional en lo Civil que, por unanimidad, resolvió que sus sentencias no son apelables ante el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, criterio que posteriormente fuera seguido por la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

Se trata de una decisión muy elaborada, con argumentos muy sólidos. Sin embargo, para el citado periodista, “los jueces de instancias inferiores cometen la desmesura -y el disparate, sobre todo- de anunciar que desobedecerán a la Corte Suprema”.

Si bien somos respetuosos de la libertad de expresión, llama la atención tan pobre conclusión de quien, evidentemente, desconoce los pilares básicos del sistema constitucional argentino.

Cabe recordar que los jueces son independientes, tanto externa como internamente, lo que incluye a la Corte Suprema. Los fallos de este Tribunal sólo producen efectos en el caso concreto, no se proyectan a otros.

Dentro de la organización judicial hay distintas instancias de apelación, pero no existe la autoridad a la manera de otras organizaciones (v.gr.: Poder Ejecutivo, Policía, entre otros). Ergo, tampoco existe la supuesta “obediencia”. Los jueces son libres de decidir los asuntos sometidos a su conocimiento con plena libertad, en tanto apliquen las leyes vigentes.

Es el sistema constitucional argentino, inspirado en el modelo norteamericano, en el que los jueces conforman uno de los tres poderes. Lo que diferencia a los jueces argentinos de otros modelos europeos es que, justamente, al estar facultados a declarar la inconstitucionalidad de las leyes, constituyen un Poder del Estado y no un mero servicio de justicia. Esta tarea se ejerce con absoluta independencia de cualquier injerencia.

Es obvio también que someter las sentencias de los tribunales nacionales al control de un órgano extraño al Poder Judicial de la Nación, como lo es el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, se atenta contra dicha independencia.

En suma, lamentamos expresiones tan irresponsables de quien tiene el deber de informar, pero ni siquiera leyó la sentencia que descalifica para luego ofender a sus firmantes.