Desde la Lista Celeste destacamos la trascendencia de estos 80 años del fuero del trabajo, que han sido clave en la defensa de los derechos sociales y laborales en nuestro país.
Felicitamos y reconocemos a todos/as los/as jueces/zas y funcionarios/as que día a día sostienen este pilar fundamental de la justicia, y expresamos una vez más nuestra firme convicción en la lucha por preservar su carácter nacional y nuestro ferviente rechazo a cualquier intento de traspaso.
Desde la LISTA CELESTE, expresamos nuestra preocupación ante publicaciones en medios nacionales que descalifican a los jueces Dres. Álvaro Balestrini y Roberto Pompa, de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, por una decisión tomada en el marco de la jurisdicción que les fuera conferida. Las declaraciones de la empleadora, resaltadas sin fundamentos por los medios, atacan la independencia judicial y promueven el descrédito de los magistrados de reconocida trayectoria que, accedieron a sus cargos, mediante concursos públicos.
Como siempre sostenemos, la independencia judicial es un pilar fundamental del estado de derecho y, con él, la democracia. Por eso, instamos a los medios de comunicación a actuar con responsabilidad, garantizando el derecho de todos los ciudadanos a expresarse libremente y con respeto, sin caer en ataques o descalificaciones injustificadas.
La LISTA CELESTE una vez más manifesta su más enfático rechazo a cualquier intento de traspaso de la Justicia Nacional Laboral al ámbito de la CABA .
En el transcurso de estos años, la LISTA CELESTE ha destacado los aspectos técnicos y jurídicos de naturaleza constitucional que subyacen a esta cuestión (ver comunicados AQUÍ), además de las consecuencias disvaliosas que en la práctica generaría un traspaso compulsivo en términos de derechos laborales, estabilidad de los/as magistrados/as, funcionarios/as y demás agentes judiciales, entre muchas otras cuestiones.
Tenemos la certeza de que este tipo de iniciativas suponen un riesgo para la independencia del Poder Judicial y que, lejos de tender a mejorar el servicio de administración de justicia, contribuyen a su detrimento, por lo cual instamos a que se consideren seriamente las implicancias de esta clase de propuestas y, que en cambio, se promuevan soluciones que colaboren con la estabilidad institucional en beneficio de la sociedad.
A su vez, la ley 24.588 establece que la “justicia nacional ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y competencia continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación” y que CABA “tendrá facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativa y tributarias locales” (art. 8°), disposición esta que resulta violentada y transgredida de manera evidente por los proyectos que circulan en el ámbito de la legislatura porteña.
Quienes conformamos la AMFJN desde hace muchos años sabemos que los/as adherentes siempre propiciaron un lugar en la Mesa en el Consejo Directivo y esta no es la primera vez que se les dice que no.
Llamativamente, la Lista bordó, ahora sí se hace eco de ese reclamo y expresa su preocupación por los/as adherentes. Nos hubiese gustado ver esa preocupación y activismo en tantos otros temas de gravedad que preocupan a los/as socios/as activos/as.
Respecto de los/as Adherentes nuestro espacio mantiene su postura histórica en tanto no se advierte razonabilidad en el hecho de que quienes pueden ejercer libremente la profesión o cumplir tareas ajenas al ámbito judicial o al de los ministerios públicos y participar en las elecciones de los Colegios de Abogados u otras entidades, como son los/as adherentes, formen parte de los órganos de gobierno de la asociación más allá de la rica participación en sus actividades.
En este sentido, debe destacarse que la asociación tiene por objetivo principal la defensa y protección del rol funcional cuyas vicisitudes, problemáticas, día a día, justamente trata el objeto relevante institucional y, es claro, que los/as adherentes no lo tienen en la actualidad. Ello sin perjuicio de dejar a salvo que tienen voz dentro de nuestro espacio asociativo y pueden aconsejar que se realicen todas aquellas diligencias que tiendan a procurar su bienestar, pero se tratan de acciones complementarias y todo ello en el ámbito propicio cual es la Comisión de Adherentes.
Desde nuestra Lista de ninguna manera admitiremos pretensiones de un espacio orientadas a perpetuarse en los órganos de gobierno y que no hacen más que confundir al electorado. Máxime cuando esta confrontación de los/as adherentes con la AMFJN en la Inspección General de Justicia lo es desoyendo la voluntad de la mayoría del Consejo Directivo. Es decir, pretenden formar parte de un órgano de gobierno cuya voluntad por el voto democrático de su mayoría ni siquiera respetan.
Por lo demás instamos al espacio Bordó a obrar de buena fe y dejar de tergiversar la información. Pues bien, respecto de la publicación de la resolución de la IGJ que no formaba parte del orden del día, se dispuso diferir su tratamiento para el próximo HDC en la idea de dar a conocer toda la información completa con la copia del recurso pertinente.
No deja de ser preocupante que se busque neutralizar la legitimidad de las decisiones del HCD, mediante la provisión a un sector de adherentes, del mailing institucional que debe ser resguardado para otros fines, y así incentivar la difusión sesgada de decisiones institucionales, provocando confusión en el electorado.
La Lista Celeste como ha hecho desde siempre una vez más reitera su posición frente a la pretensión de un grupo de socios adherentes que promueve una Asamblea Extraordinaria, a los efectos de modificar el estatuto para poder votar y participar de los órganos de gobierno.
Así es que no se advierte razonabilidad en el hecho de que quienes pueden ejercer libremente la profesión o cumplir tareas ajenas al ámbito judicial o al de los ministerios públicos y participar en las elecciones de los Colegios de Abogados u otras entidades, tal el caso de los adherentes, formen parte de los órganos de gobierno de la asociación más allá de la rica participación en sus actividades.
En este sentido, debe destacarse que la asociación tiene por objetivo principal la defensa y protección del rol funcional cuyas vicisitudes, problemáticas, día a día, justamente trata el objeto relevante institucional y, es claro, que los adherentes no lo tienen en la actualidad.
Ello sin perjuicio de dejar a salvo que los adherentes tienen voz dentro de nuestro espacio asociativo y pueden aconsejar que se realicen todas aquellas diligencias que tiendan a procurar su bienestar, pero se tratan de acciones complementarias.
Por su parte, es oportuno recordar que mediante acta del 12 de julio de 2023 la comisión designada por decisión del HCD del 29 de mayo de 2023 (Acta 1418) a fines del relevamiento de los avales presentados en los términos del art. 39 del Estatuto, informó que el padrón de socios activos para esa fecha se integraba con un total de 2641 socios y que los avales ratificados fueron 192, uno rectificado y 22 observados, por tanto el número no resulta representativo por no alcanzar el mínimo exigido para la convocatoria. Desde allí entonces la decisión soberana del Cuerpo no ha sido infundada sino, antes bien, su rechazo obedeció al incumplimiento de uno de los requisitos indispensables exigidos (ver acta 1420 del 7 de agosto de 2023). Por tanto, pretender la revisión de aquella decisión de fecha 29 de mayo de 2023 aparece como inoficiosa, preclusa y extemporánea.
Desde nuestro espacio estamos dispuestos dar discusiones tales como el monto de la cuota social por mencionar alguno, pero de ninguna manera admitiremos pretensiones de un espacio orientadas a perpetuarse en los órganos de gobierno y que no hacen más que confundir al electorado. Máxime cuando esta confrontación de los adherentes con la AMFJN en la Inspección General de Justicia lo es desoyendo la voluntad de la mayoría del Consejo Directivo por lo que pretenden formar parte de un órgano cuya voluntad ni siquiera respetan.
La Lista Celeste repudia fuertemente la brutal represión contra trabajadores judiciales acontecida en el día de hoy frente al Palacio de Justicia, mientras se desconcentraba una pacífica manifestación de la UEJN (prácticas legítimas amparadas por el arts. 14 bis de la CN y 8 PIDESC) y se solidariza especialmente con los lesionados y su Secretario General Julio Piumato.
Exigimos un inmediato esclarecimiento de los hechos y de sus responsables.
Ante los recientes acontecimientos, la LISTA CELESTE de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresa su profunda preocupación y pesar por la creciente violencia institucional de los últimos días, que ha resultado en la violación de derechos fundamentales de un enorme grupo de personas.
Esta situación no solo pone en riesgo la integridad y dignidad de los ciudadanos, sino que también mina la confianza en las instituciones encargadas de proteger y garantizar la justicia. Como representantes y defensores del Estado de Derecho, no podemos permanecer indiferentes ante estos hechos.
Por ello, hacemos un llamado urgente a TODOS quienes integramos el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa a reflexionar y tomar medidas contundentes para poner fin a estas prácticas y asegurar que los derechos humanos y las garantías constitucionales sean respetados sin excepción.
Es imperativo que trabajemos juntos para restablecer la confianza en nuestras instituciones y asegurar que la justicia prevalezca siempre. Nuestra responsabilidad es grande, y nuestra acción debe estar a la altura de los valores y principios que juramos defender.
Frente a los Proyectos de Ley Nros. 923/24 y 924/24 presentados en la Legislatura de la C.A.BA., en relación con la creación del Fuero del Trabajo y la sanción del Código Procesal para la Justicia del Trabajo, respectivamente, nos vemos obligados a manifestar una vez más nuestro enfático rechazo a cualquier intento de traspaso de la Justicia Nacional a ese ámbito.
En el transcurso de estos años, la LISTA CELESTE ha destacado los aspectos técnicos y jurídicos de naturaleza constitucional que subyacen a esta cuestión ( ver comunicados AQUÍ), además de las consecuencias disvaliosas que en la práctica generaría un traspaso compulsivo en términos de derechos laborales, estabilidad de los/as magistrados/as, funcionarios/as y demás agentes judiciales, entre muchas otras cuestiones.
Tenemos la certeza de que este tipo de iniciativas suponen un riesgo para la independencia del Poder Judicial y que, lejos de tender a mejorar el servicio de administración de justicia, contribuyen a su detrimento, por lo cual instamos a que se consideren seriamente las implicancias de esta clase de propuestas y, que en cambio, se promuevan soluciones que colaboren con la estabilidad institucional en beneficio de la sociedad.
A su vez, la ley 24.588 establece que la “justicia nacional ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y competencia continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación” y que CABA “tendrá facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativa y tributarias locales” (art. 8°), disposición esta que resulta violentada y transgredida de manera evidente por los proyectos de ley aludidos.
Finalmente, solicitamos que nuestra Asociación de Magistrados/as y Funcionarios/as de la Justicia Nacional se expida en los términos señalados
El Estado Argentino ha asumido compromisos impostergables en materia de género.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, instrumento con jerarquía constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, en los términos del art. 75 inc. 22 de la CN, refiere que “la máxima participación de la mujer en todas las esferas, en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz.” Y, en tal sentido, constituye una obligación para el Estado Argentino el cumplimento de la manda del art 7 de la citada Convención; de la Constitución Nacional (art. 37); del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y Convención Americana de Derechos Humanos, que establecen que los Estados tienen la obligación de garantizar a varones y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos.
De ahí que, la postulación efectuada por el Presidente de la Nación de los dos candidatos para ocupar vacantes en la CSJN, implica un retroceso en esta materia, imposible de justificar constitucional o convencionalmente que importaría el peor momento de la CSJN desde el regreso de la democracia; sin que ello implique valoraciones negativas sobre los candidatos.
Reclamamos a las autoridades de la AMFJN se pronuncien en igual sentido.
Las necesarias transformaciones del sistema de justicia penal son un mandato legal y constitucional.
Estos cambios de paradigma requieren para su éxito de un accionar mancomunado y coordinado de todos los actores del
Poder Judicial, los Ministerios Públicos, los representantes de los trabajadores, funcionarios y magistrados, el Ministerio de Justicia, las fuerzas de seguridad y el Poder Legislativo.
Al respecto, cabe destacar que cualquier determinación inconsulta e intempestiva, que no privilegie los mecanismos de articulación institucionales necesarios, conspira contra el éxito del proceso en ciernes. De hecho, aún no se han puesto en marcha las estructuras internas para funcionar de acuerdo a las normas.
En esta línea, expresamos nuestro apoyo a las posiciones planteadas por el Ministerio Público Fiscal de la Nación en el día de la fecha y exhortamos a las autoridades del Poder Ejecutivo a generar un diálogo constructivo que resulte conducente a la adecuada implementación del Código Procesal Penal Federal.
