POR LA PAZ Y CONTRA TODA VIOLENCIA

La Lista Celeste manifiesta su profundo rechazo a las acciones de violencia armada iniciadas en Israel por grupos terroristas. Se solidariza especialmente con las víctimas y hace un llamado a que cese la violencia y se retomen los caminos de paz y diálogo establecidos por el derecho internacional.

Desde nuestro espacio en la administración de justicia, reafirmamos que el odio y la violencia siempre resultan repudiables y no pueden constituir argumentos a blandir en ninguna coyuntura.

ESTAS SON NUESTRAS PROPUESTAS PARA CAMBIAR LA AMFJN:

ASOCIATIVISMO PLENO – debemos lograr que la Asociación cumpla en un todo con su objeto social en pos de los/as asociados/as de todas las latitudes. Para ello proponemos:

1) Generar una comunicación eficaz y profesional que reivindique nuestros valores de justicia independiente, imparcial, transparente, responsable, eficaz y equitativa ante la sociedad. Para ello se propondrá crear un canal de comunicación que informe en tiempo real al/la asociado/a de todas las actividades que se realicen.
2) Brindar asistencia a todos/as los/as asociados/as por cualquier denuncia y/o sumario, de modo tal que se garantice su derecho de defensa, tanto para magistrados/as como para funcionarios/as.
3) Instar a la realización de todas las acciones necesarias para promover la paridad de género sea tanto para acceder a cargos de toma de decisión como para evitar situaciones de acoso laboral. Creación de Cuerpo interdisciplinario.
4) Establecer una real representación de las/os funcionarias/os en la dirección de la AMFJN.
5) Impulsar desde la AMFJN el reconocimiento del derecho a sufragio activo a los/las funcionarios/as judiciales, a fin de que puedan participar de la elección de los Consejeros Jueces del Consejo de la Magistratura de la Nación.
6) Respecto del Ministerio Público Fiscal, reclamar la modificación del régimen disciplinario, de modo tal que garantice el derecho de defensa.
7) Revitalizar el funcionamiento y/o crear una Comisión Informática para generar propuestas y entablar un diálogo fructífero con el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Ministerio de Justicia, los Ministerios Públicos y Colegios de Abogados para mejorar los sistemas existentes.
8) Rendir cuentas anualmente a los/as afiliados/as de las gestiones y propuestas cumplidas y realizadas durante el año.
9) Revitalizar la Comisión de Seguimiento de Concursos con capacitaciones permanentes, asesoramiento de las distintas etapas de los procesos de concursos.
10) Creación de la Comisión de Asistencia letrada y contable para evacuar cualquier consulta que requieran los/as afiliados/as.
11) Creación de una Comisión para la defensa contra los ataques y escraches mediáticos y abusos a magistrados/as y funcionarios/as del PJN y MP.

CORPORATIVISMO INTERNO ASOCIATIVO – esto resulta indispensable para que todos los/as asociados/as, sin distinción de banderías, logren el efectivo respaldo que se necesita en nuestras labores al servicio de la justicia. Para ello proponemos:

1) Promover las acciones necesarias para resolver la desigual situación generada con el impuesto a las ganancias y su impacto selectivo en la carrera judicial.
2) Implementar una política activa y decidida para frenar definitivamente los intentos de degradación de la justicia nacional, a través del inconstitucional e injustificado traspaso a la CABA.
3) Generar un cambio definitivo de la Obra Social, para que vuelva a ser de excelencia y con igualdad de prestaciones para la Ciudad de Buenos Aires y el resto del país.
4) Generar un intercambio directo con ANSES para resolver los problemas pendientes en la implementación de la ley y otros problemas de los/as asociados/as jubilados/as o con su beneficio en trámite.
5) Reclamar al Ministerio de Seguridad de la Nación y sus pares provinciales, un plan de seguridad, que garantice el desempeño de los/as magistrados/as y funcionarios/as del PJN y de los Ministerios Públicos.
6) Disponer un trabajo directo con los organismos pertinentes (Comisión Bicameral, Ministerio de Justicia, Consejo de la Magistratura, Corte Suprema, Procuración General de la Nación y Defensoría General de la Nación) encaminado a resolver los problemas generados por la implementación del sistema informático como así también del Código Procesal Penal Federal y las nuevas leyes orgánicas, y asegurar la rápida cobertura de vacantes en el PJN y los MP.

FEDERALIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN – es de suma importancia que la renovación de nuestra Asociación pase por la necesaria federalización. Que sea la propia Asociación la que vaya a los/as asociados/as y no que estos tengan que recurrir a ella. Para ello proponemos:

1) Promover una equitativa representación de los/as afiliados/as del interior del país. Tanto en el Consejo Directivo como en la integración de las Comisiones.
2) Revitalizar la Comisión de Servicios para todos/as los/as asociados/as, para darle un verdadero carácter federal, especialmente para aquellos/as que están más alejados de los grandes centros poblacionales.
3) Redoblar los esfuerzos para que llegue la capacitación a todos/as y cada uno/a de los/as asociados/as y generar los acuerdos necesarios para que se puedan computar en los distintos concursos. A esos fines se pretende mejorar la Escuela Judicial duplicando la oferta de cursos, sobre todo para los/as asociados/as del interior. Ya sea en sus propias localidades o a través de becas para la realización de cursos en las grandes ciudades.
4) Brindar asesoramiento para aquellas personas con alguna discapacidad de modo tal que puedan acceder y avanzar en la carrera judicial.

PALABRAS DEL DR. LUGONES EN EL PLENARIO

Consideraciones del Dr. Alberto Lugones referidas a las eventuales modificaciones reglamentarias para la realización de concursos anticipados:

• “(…) me parece que alguna cláusula tenemos que incluir en el Reglamento de Concursos que nos haga responsables a cada uno de nosotros, en nuestro ámbito, con la gente a quienes representamos, para que los concursos se aprueben y vayan al ejecutivo, en plazo oportuno. Que después el ejecutivo envie los pliegos de la misma forma y que cuando lleguen al Senado también se aprueben de la misma forma. Todo esto lo tenemos que hacer porque es nuestra responsabilidad cubrir las vacantes para que el Poder Judicial funcione mejor. Y si nosotros no estamos en condiciones de cumplir la primera etapa, que es aprobar los concursos, todo lo demás es casi una expresión de deseo…”.

Extractos del voto del Dr. Lugones que sustentan la adhesión al dictamen que sancionó a los Dres. Anzoátegui y Rizzi:

• “(…) los magistrados como las magistradas pueden elegir cómo fundamentar sus resoluciones, siempre y cuando se salvaguarden los derechos y garantías constitucionales(…) Como expuse preliminarmente, el caso traído a estudio constituye una clara excepción que refleja que los Dres. Anzoátegui y Rizzi se excedieron en sus facultades al momento de resolver, que se investigara a quienes intervinieron en la aplicación de la interrupción legal del embarazo a una niña víctima de abuso, apartándose de la cuestión que fue sometida a su conocimiento”.

• “(…) si bien como consejero tengo como premisa obligatoria la no intromisión en procesos y/o sentencias que partan de una base jurisdiccional, sí debo hacerlo en los casos en que deliberadamente se decida no aplicar la normativa nacional e internacional vigente en la materia que incluso puede aparejar responsabilidad internacional del Estado. Aún más en lo personal cuando es pública mi postura indeclinable de que todos los funcionarios públicos deben cumplir con la Ley Micaela y todo compromiso asumido en cuanto a la perspectiva de género”.

• “Los magistrados hicieron caso omiso al marco jurídico local, vinculado a un derecho elemental de la víctima que consagra la no punibilidad del aborto (art. 86 CPN), e internacional (Convención sobre los derechos del Niño; Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; y la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, entre otros). A ello se le debe agregar, además, que incumplieron su deber como magistrados de adoptar medidas especiales de protección; a punto tal que potenciaron su revictimización, omitiendo contemplar en todo momento su situación de vulnerabilidad”.

• “La actuación parcial de los jueces quedó en evidencia al haber volcado cuestiones netamente subjetivas en una resolución que no lo ameritaba… dictaron una sentencia que padece de vicios jurídicos manifiestos, y con el único objeto de justificar una ideología sesgada tendiente a restringir derechos fundamentales de las mujeres, de las niñas y de las personas gestantes. Como bien se observa en el dictamen de Comisión, estos aspectos fueron expuestos por los magistrados cuando en vez de disponer una extracción objetiva de testimonios decidieron recurrir a adjetivos peyorativos y ofensivos que sirvieran de sustento para justificar lo injustificable”.

PROTEJAMOS LA DEMOCRACIA Y GARANTICEMOS LA REPÚBLICA

Los últimos días de la campaña presidencial electoral hemos presenciado con preocupación cómo algunos candidatos, con tal de captar algunos votos más, han sido capaces de prometer reformas absolutamente violatorias a la Constitución Nacional, a los Tratados de DDHH y al Estado de Derecho.

Entre ellas queremos remarcar nuestro repudio a la propuesta de escuchar conversaciones telefónicas privadas entre imputados penales y sus abogados defensores. La confidencialidad y el derecho a la reserva de las comunicaciones entre el imputado penal y su defensor técnico es un principio inviolable de arraigadísima tradición en todo el mundo, y es la base y condición, no sólo para el ejercicio de nuestra profesión, sino también para el correcto funcionamiento del sistema de Justicia.

Tal reforma no solo sería imposible porque sería abierta e indiscutiblemente inconstitucional, sino que además sería de una gran inconveniencia para la efectiva prestación del servicio de justicia, a la vez que acarrearía seguramente la responsabilidad del Estado Argentino frente a los organismos internacionales.

La Lista Celeste reclama a las autoridades de la Asociación Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional que se pronuncien de forma similar, repudiando estos ataques al Estado de derecho y respaldando el funcionamiento de una administración de justicia independiente, que necesita para ser eficaz e imparcial, de la irremplazable tarea de los abogados defensores.

FELICITACIONES A LAS/OS CANDIDATAS/OS A LA MAGISTRATURA

La Lista Celeste felicita a las/os candidatas/os a la magistratura, que obtuvieron acuerdo del Senado en el día de hoy:

– DR. ENRIQUE NICOLÁS BARONETTO como JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE COMODORO RIVADAVIA, PROVINCIA DEL CHUBUT.

– DRA. ALFONSINA BAVA como DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE HURLINGHAM, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

– DR. AGUSTÍN CARRIQUE como DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA DE LOMAS DE ZAMORA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DEFENSORÍA N° 2.

– DRA. VERÓNICA RAQUEL ESCRIBANO como FISCAL GENERAL ANTE LA CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE COMODORO RIVADAVIA, PROVINCIA DEL CHUBUT .

– DR. LUIS FRANCISCO VALENCIA como DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TARTAGAL, PROVINCIA DE SALTA.

– DRA. MARIA JOSE BONIFACINO como DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, PROVINCIA DE ENTRE RIOS.

– DR. ALEJANDRO MARCELO ARGUILEA como DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL FEDERAL DE SAN MARTÍN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

– DRA. ANA CARINA FARÍAS como JUEZA DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE SANTIAGO DEL ESTERO.

– DR. LEONOR MARINI como DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE LA CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CORRIENTES.

– DR. ROMÁN PABLO LANZÓN como JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL Nº 2 DE ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE.

– DRA. LUCÍA ROMINA ORSETTI como FISCAL ANTE LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA DE JUJUY, FISCALÍA Nº 1.

– DR. JOSÉ NICOLÁS CELESTINO CHUMBITA como DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA RIOJA.

– DR. MANUEL MAXIMILIANO BAILLIEAU como DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA DE MAR DEL PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

– DR. MATÍAS FELIPE SCILABRA como FISCAL ANTE LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA DE ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE, FISCALÍA N°2.

– DRA. ROSARIO MUÑOZ como DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE LA CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES Y LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE SAN MARTÍN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

– DRA. MARCELA SILVINA LAMAS como DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN, PROVINCIA DE JUJUY.

– DR. RAMIRO DILLON VILLAMAYOR como DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL FEDERAL DE ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE, DEFENSORÍA Nº 3.

– DRA. SILVINA SOLEDAD LEAL CASTAÑO como DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DE SANTIAGO DEL ESTERO.

– DRA. PATRICIA ISABEL KENNY como DEFENSORA PÚBLICA DE VÍCTIMA CON ASIENTO EN LA PROV. DE CORRIENTES.

– DRA. PAULA SUSANA MUNIAGURRIA como DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA DE MAR DEL PLATA, PROV. DE BS. AS.

– DR. PABLO ANDRÉS VACANI como DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE EL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE SANTA FE, PROV. DE SANTA FE.

– DRA. MARÍA VICTORIA NAGER como DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN SALVADOR DE JUJUY, PROV. DE JUJUY.

– DR. DIEGO MARTÍN MATTEUCCI como JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE JUJUY, PROV. DE JUJUY.

– DR. GONZALO STORDEUR como DEFENSOR PÚBLICO DE VÍCTIMA CON ASIENTO EN LA PROV. DE JUJUY.

– DR. MARCELO ALEJANDRO CARDOZO como JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE PUERTO IGUAZÚ, PROV. DE MISIONES.

– DRA. CARINA INÉS GREGORASCHUK como JUEZA DEL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DE JUJUY, PROV. DE JUJUY.

– DR. ROBERTO FERNANDO MINGUILLON como JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA, PROV. DE BS. AS.

– DR. MARTÍN LUCIANO PODERTI como JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA, PROV. DE BS. AS.

– DR. FERNANDO LUIS RODOLFO POVIÑA como VOCAL DE LA CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE TUCUMÁN, PROV. DE TUCUMÁN.

– DRA. ANA MARÍA FIGUEROA como VOCAL DE LA CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL.

– DR. MAURICIO GABRIEL ZAMBIAZZO como DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE EL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE PARANÁ, PROV. DE ENTRE RÍOS.

– DR. OMAR ABDÓN BITTAR como DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN RAFAEL, PROV. DE MENDOZA.

– DR. SEBASTIÁN GABRIEL JURE como FISCAL ANTE LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA DE JUJUY, PROV. DE JUJUY, FISCALÍA Nº 2.

EL VALOR DE LOS CONCURSOS PÚBLICOS PARA EL ACCESO A LA MAGISTRATURA

EL VALOR DE LOS CONCURSOS PÚBLICOS PARA EL ACCESO A LA MAGISTRATURA

Desde la LISTA CELESTE celebramos y felicitamos a las decenas de magistrados y magistradas, que luego de ponderados procesos de concursos públicos, han tenido hoy su merecido acuerdo del Senado de la Nación.

Los hemos acompañado y defendido SIEMPRE frente a operaciones arteras y variadas falacias, con la fuerte convicción de que no podíamos permanecer en silencio sin denunciarlas y contrarrestarlas; porque el esfuerzo, capacitación y deseo de prestar servicio en la Administración de Justicia, corresponde a quienes se han preparado idóneamente para el ejercicio de tan altas responsabilidades.

Un grupo considerable de pliegos pertenecientes a diversos fueros e instancias en la Ciudad de Buenos Aires, inexplicablemente, no han ingresado al Plenario, no obstante contar desde hace muchísimo tiempo, con dictamen positivo de la Comisión de Acuerdos. Sin magistrados/as en sus tribunales, fiscalías y defensorías, no es posible dar las respuestas judiciales efectivas y en tiempo útil que la sociedad pide a gritos.

Reiteramos la necesidad de que todas las instancias ligadas al sistema de selección y designación de magistrados/as, tengan muy presente los mandatos y exigencias que la Constitución Nacional ha impuesto a su cargo.

INDIGNANTE ARREMETIDA QUE INTENTA BLOQUEAR CON FALACIAS LA IMPERIOSA NECESIDAD DE CUBRIR VACANTES EN LA JUSTICIA

INDIGNANTE ARREMETIDA QUE INTENTA BLOQUEAR CON FALACIAS LA IMPERIOSA NECESIDAD DE CUBRIR VACANTES EN LA JUSTICIA

Mientras personas de bien muestran la enorme preocupación de que una parte sustancial de la Justicia se encuentra vacante, se ha canalizado principalmente por determinada prensa escrita, una inédita arremetida para que los procesos concursales para cubrir plazas de magistrados/as no puedan efectivizarse. Es decir, para que los procedimientos constitucionales y legítimos del cual surgen pliegos con candidatos/as, que deben tener en su etapa final el acuerdo del Senado, no lleguen nunca a tratarse.

Eso, que ya es de una gravedad inusitada porque inhibe la culminación de una exigencia constitucional, pareciera que en la idea de esos periodistas debería ser así, porque el proceso de designación coincide temporalmente con un gobierno que no es el de su agrado. Es decir, sólo podrían nombrarse magistrados/as, cuando quien resulte candidato/a, tenga la fortuna de contar con su beneplácito.

A tales fines, han patentizado cambiantes e inadmisibles argumentos, como la simpatía de algunos/as de ellos/as con la Lista Celeste de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, el impacto en el padrón de eventuales nuevos socios/as y su relación con la próxima renovación de autoridades asociativas. Más allá que resulta llamativo que no se informe que la elección interna ya tiene el padrón cerrado, resulta indignante que a 40 años de recuperada la democracia, echen a rodar de manera recurrente la idea, de que la ideología personal será motivo válido para cancelar el acceso a la magistratura.

Pero además, las recientes publicaciones insisten con mendacidades agraviantes. No parece difícil leer la normativa que rige los concursos para contraponerla a sus propios infundios. También sería loable que consulten las bases de datos de años de concursos, antes de tildar de “desconocidos” a quienes, dentro de los más de 70 pliegos que angustiosamente esperan –la confirmación o su rechazo- se han preparado toda su carrera para llegar a esa instancia; muchos/as de los/as cuales se repiten a lo largo de años como multi-ternados/as y cuentan actualmente con dictamen favorable de senadores de la oposición.
Causa enorme impotencia el retumbar de frases que se enuncian como slogans, y que aluden a la meritocracia, la independencia judicial (depende respecto de quién), el compromiso con la función y las deudas pendientes de la administración de justicia con la sociedad, mientras se despliegan acciones para contrarrestarlas. Además de una falta de responsabilidad profesional que daña a los/as concursantes y a sus familias, quienes las pronuncian, y quienes las escuchan pronunciar sin reaccionar ni desmentir, en verdad, contribuyen a ahondar la crisis del sistema judicial.

Cumplimentar el trámite de acuerdos pendientes, lejos de toda sospecha, será un acto de estricta justicia, Mientras, exigimos que la actual conducción de la AMFJN haga prevalecer el mandato estatutario y muestre una actitud firme en defensa de sus asociados y asociadas, sometidos/as de manera vil a un cruel escarnio

EL SALARIO NO ES GANANCIA

EL SALARIO NO ES GANANCIA

La Lista Celeste una vez más se ve sorprendida por los anuncios que, a través de medios de difusión, darían cuenta de la pretensión de impulsar una nueva reforma respecto del impuesto a las ganancias para las y los integrantes del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos de la Nación consistente en grabar a todas/os las/os magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os de todo el país, que no fueron alcanzados con la Ley 27.346 del año 2016.

Nos referimos en orden a la gravedad que conlleva la incorporación de una cuestión de semejante importancia dentro del tratamiento del presupuesto, a todas luces violatorio del art. 20 de la Ley de Administración Financiera, que establece: “… En consecuencia, no podrán contener disposiciones de carácter permanente, no podrán reformar o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos”.

La razón de ser de esa norma es que, atento la vigencia anual de la ley de leyes (como se conoce al Presupuesto), no arremeta contra otras normas respecto de las que se requiere un trámite especial, una entrada reglada por alguna Cámara especifica o que tienen pretensión de una vigencia extendida en el tiempo (como en general ocurre con todas las leyes) o que merecen de un debate más amplio en razón de ser políticas de largo alcance.

En síntesis, no hay una interpretación posible que permita lo que se intenta, porque aún si se pretendiera hablar de un impuesto nuevo, se caería entonces también esa pretensa inclusión del proyecto. Máxime cuando se trata de una incorporación respecto de un tema de enorme trascendencia in audita parte.

Pero, además, la cuestión ya fue tratada -como se dijo- por Ley 27.346 a la que nos hemos opuesto defendiendo la intangibilidad de nuestras remuneraciones y que ha generado inequidades con las/os magistradas/os y funcionarias/os que tributan y respecto de otros poderes del Estado por las porciones tributadas, situación que, desde nuestro espacio, trabajamos de modo incesante para superar esa problemática porque tenemos la firme convicción que el salario no es ganancia (art. 110 CN).

Máxime ahora cuando el propio gobierno impulsa una reforma que suprime la 4ta. categoría, por lo que la propuesta comentada sería una evidente y notoria discriminación en contra de la administración de justicia que se encuentra inhibida de realizar actividades complementarias, excepto la docencia.

Por último, destacamos que la Administración de Justicia está siendo sometida a constantes cambios legislativos según el gobierno de turno, lo cual se traduce en la falta de seguridad y tranquilidad para quienes tienen la alta responsabilidad de intervenir en la determinación de conductas y cuestiones que incumben a las y los ciudadanas/os porque permanentemente se están cambiando las normas que rigen el destino de las/os magistradas/os, cosa que no pasa en ningún otro estamento del Estado.

La Lista Celeste no claudica en sus convicciones y las reafirma en momentos de ataques inexplicables a la Administración de Justicia.

La independencia judicial no se negocia.

RECHAZO A LA DOBLE VARA

RECHAZO A LA DOBLE VARA

Como Magistradas/os y Funcionarias/os tenemos la obligación de respeto y garantía de los derechos y de la institucionalidad en una democracia constitucional.

Estos días se han dado enconados debates, en torno a una jueza del tribunal penal federal más importante del país, que cumplió 75 años y continuaba en su cargo. Abstracción hecha de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación disponiendo el cese de la magistrada, antes y después de que ello ocurriera, en ámbitos diversos, y sobre todo a través de los medios de comunicación, se sometió a un escarnio público a la Dra. Ana María Figueroa, quien se encontraba en espera de la culminación del trámite constitucional para su acuerdo que desde hacía meses había ingresado al Senado de la Nación.

La mayoría de las comunicaciones propagadas, no aludieron a la disímil interpretación de las exigencias para considerar en cese a un/a magistrado/a, respecto al cual el Poder Ejecutivo había solicitado nuevo acuerdo al Senado por el plazo de 5 años, de consuno al artículo 99 inc. 4 de la Constitución Nacional; interpretación que en tiempo reciente posibilitó (hasta la camarista Figueroa), que permanecieran en funciones al menos 7 magistradas/os del Poder Judicial de la Nación -luego de cumplir 75 años- continuando en sus cargos y percibiendo la totalidad de sus haberes, sin que en ese momento contaran con el acuerdo del Senado de la Nación, y sólo con el previo envío del correspondiente pliego del Poder Ejecutivo Nacional.

La doble vara, cuya razón de ser en este caso puede fácilmente colegirse, genera el descreimiento público sobre instituciones, normas y reglamentaciones que se suponen iguales para todos. No es la mayor o menor simpatía ideológica que algún/a periodista pueda tener con un juez o una jueza, lo que las/os convierte en íntegros, independientes o probos –ni tampoco lo contrario-; sino la sujeción a las disposiciones que rigen su actuar funcional, que se evalúan por mandato constitucional, en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

La Doctora Ana María Figueroa accedió al escaño más alto de la justicia penal federal, luego de un concurso público de oposición y antecedentes, y a partir de su consabido recorrido en la defensa de derechos humanos y cuestiones de género. Fue en virtud de su experticia que hace años fue convocada por un referente de la lista bordó de la AMFJN, el Dr. Luis Cabral, para presidir la primera Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

No es menos importante desterrar la doble vara durante un proceso electoral interno y que, con fuerza y decisión, toda la AMFJN recuerde su cometido institucional, y postule ante las autoridades involucradas, la inmediata designación y cobertura de tantas vacantes en la Administración de Justicia Nacional y Federal

LA DIRIGENCIA POLÍTICA TIENE QUE RESPETAR LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS

LA DIRIGENCIA POLÍTICA TIENE QUE RESPETAR LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS

La Lista Celeste repudia enfáticamente las expresiones del ex presidente de la Nación, muy lejanas a lo que se pueda entender como ejercicio de la libertad de expresión, y de su responsabilidad dirigencial. Nada autoriza a un ex mandatario a estigmatizar a las/os aspirantes a la magistratura que aguardan pacientemente (en muchos casos hace casi un año con dictamen de comisión favorable), para intentar obstruir su designación, solo por considerar que no serían afines a sus pretensiones. Si esa fuera la intención, solo se estaría evidenciando que la ideologización de la magistratura no está en las/os aspirantes, sino en quien se ha expresado en esos términos.

Las/os concursantes, tal como la propia AMFJN ha dicho el pasado miércoles en un comunicado oficial (aunque llamativamente de exigua difusión), han llegado a esa posición de modo legítimo, regular, mayoritariamente sin contar con observaciones ni impugnaciones, y evidenciando avales, incluso, de senadores del principal espacio opositor que suscribieran los respectivos dictámenes (espacio que encabeza, casualmente, el ex presidente que se expresara de modo agraviante e irresponsable).

Exhortamos a los miembros del Senado de la Nación a ejercer su mandato popular aún vigente, sin desviar su función frente a inadmisibles presiones, por demás incompatibles con el sistema democrático, y a avanzar en la agenda parlamentaria que no solo incluye designaciones judiciales, sino temas de entidad social que no admiten más demora.