Categoría: COMUNICADOS

EL SALARIO NO ES GANANCIA

La Lista Celeste una vez más se ve sorprendida por los anuncios que, a través de medios de difusión, darían cuenta de la pretensión de impulsar una nueva reforma respecto del impuesto a las ganancias para las y los integrantes del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos de la Nación consistente en grabar a todas/os las/os magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os de todo el país, que no fueron alcanzados con la Ley 27.346 del año 2016.

Nos referimos en orden a la gravedad que conlleva la incorporación de una cuestión de semejante importancia dentro del tratamiento del presupuesto, a todas luces violatorio del art. 20 de la Ley de Administración Financiera, que establece: “… En consecuencia, no podrán contener disposiciones de carácter permanente, no podrán reformar o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos”.

La razón de ser de esa norma es que, atento la vigencia anual de la ley de leyes (como se conoce al Presupuesto), no arremeta contra otras normas respecto de las que se requiere un trámite especial, una entrada reglada por alguna Cámara especifica o que tienen pretensión de una vigencia extendida en el tiempo (como en general ocurre con todas las leyes) o que merecen de un debate más amplio en razón de ser políticas de largo alcance.

En síntesis, no hay una interpretación posible que permita lo que se intenta, porque aún si se pretendiera hablar de un impuesto nuevo, se caería entonces también esa pretensa inclusión del proyecto. Máxime cuando se trata de una incorporación respecto de un tema de enorme trascendencia in audita parte.

Pero, además, la cuestión ya fue tratada -como se dijo- por Ley 27.346 a la que nos hemos opuesto defendiendo la intangibilidad de nuestras remuneraciones y que ha generado inequidades con las/os magistradas/os y funcionarias/os que tributan y respecto de otros poderes del Estado por las porciones tributadas, situación que, desde nuestro espacio, trabajamos de modo incesante para superar esa problemática porque tenemos la firme convicción que el salario no es ganancia (art. 110 CN).

Máxime ahora cuando el propio gobierno impulsa una reforma que suprime la 4ta. categoría, por lo que la propuesta comentada sería una evidente y notoria discriminación en contra de la administración de justicia que se encuentra inhibida de realizar actividades complementarias, excepto la docencia.

Por último, destacamos que la Administración de Justicia está siendo sometida a constantes cambios legislativos según el gobierno de turno, lo cual se traduce en la falta de seguridad y tranquilidad para quienes tienen la alta responsabilidad de intervenir en la determinación de conductas y cuestiones que incumben a las y los ciudadanas/os porque permanentemente se están cambiando las normas que rigen el destino de las/os magistradas/os, cosa que no pasa en ningún otro estamento del Estado.

La Lista Celeste no claudica en sus convicciones y las reafirma en momentos de ataques inexplicables a la Administración de Justicia.

La independencia judicial no se negocia.

RECHAZO A LA DOBLE VARA

Como Magistradas/os y Funcionarias/os tenemos la obligación de respeto y garantía de los derechos y de la institucionalidad en una democracia constitucional.

Estos días se han dado enconados debates, en torno a una jueza del tribunal penal federal más importante del país, que cumplió 75 años y continuaba en su cargo. Abstracción hecha de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación disponiendo el cese de la magistrada, antes y después de que ello ocurriera, en ámbitos diversos, y sobre todo a través de los medios de comunicación, se sometió a un escarnio público a la Dra. Ana María Figueroa, quien se encontraba en espera de la culminación del trámite constitucional para su acuerdo que desde hacía meses había ingresado al Senado de la Nación.

La mayoría de las comunicaciones propagadas, no aludieron a la disímil interpretación de las exigencias para considerar en cese a un/a magistrado/a, respecto al cual el Poder Ejecutivo había solicitado nuevo acuerdo al Senado por el plazo de 5 años, de consuno al artículo 99 inc. 4 de la Constitución Nacional; interpretación que en tiempo reciente posibilitó (hasta la camarista Figueroa), que permanecieran en funciones al menos 7 magistradas/os del Poder Judicial de la Nación -luego de cumplir 75 años- continuando en sus cargos y percibiendo la totalidad de sus haberes, sin que en ese momento contaran con el acuerdo del Senado de la Nación, y sólo con el previo envío del correspondiente pliego del Poder Ejecutivo Nacional.

La doble vara, cuya razón de ser en este caso puede fácilmente colegirse, genera el descreimiento público sobre instituciones, normas y reglamentaciones que se suponen iguales para todos. No es la mayor o menor simpatía ideológica que algún/a periodista pueda tener con un juez o una jueza, lo que las/os convierte en íntegros, independientes o probos –ni tampoco lo contrario-; sino la sujeción a las disposiciones que rigen su actuar funcional, que se evalúan por mandato constitucional, en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

La Doctora Ana María Figueroa accedió al escaño más alto de la justicia penal federal, luego de un concurso público de oposición y antecedentes, y a partir de su consabido recorrido en la defensa de derechos humanos y cuestiones de género. Fue en virtud de su experticia que hace años fue convocada por un referente de la lista bordó de la AMFJN, el Dr. Luis Cabral, para presidir la primera Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

No es menos importante desterrar la doble vara durante un proceso electoral interno y que, con fuerza y decisión, toda la AMFJN recuerde su cometido institucional, y postule ante las autoridades involucradas, la inmediata designación y cobertura de tantas vacantes en la Administración de Justicia Nacional y Federal

LA DIRIGENCIA POLÍTICA TIENE QUE RESPETAR LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS

La Lista Celeste repudia enfáticamente las expresiones del ex presidente de la Nación, muy lejanas a lo que se pueda entender como ejercicio de la libertad de expresión, y de su responsabilidad dirigencial. Nada autoriza a un ex mandatario a estigmatizar a las/os aspirantes a la magistratura que aguardan pacientemente (en muchos casos hace casi un año con dictamen de comisión favorable), para intentar obstruir su designación, solo por considerar que no serían afines a sus pretensiones. Si esa fuera la intención, solo se estaría evidenciando que la ideologización de la magistratura no está en las/os aspirantes, sino en quien se ha expresado en esos términos.

Las/os concursantes, tal como la propia AMFJN ha dicho el pasado miércoles en un comunicado oficial (aunque llamativamente de exigua difusión), han llegado a esa posición de modo legítimo, regular, mayoritariamente sin contar con observaciones ni impugnaciones, y evidenciando avales, incluso, de senadores del principal espacio opositor que suscribieran los respectivos dictámenes (espacio que encabeza, casualmente, el ex presidente que se expresara de modo agraviante e irresponsable).

Exhortamos a los miembros del Senado de la Nación a ejercer su mandato popular aún vigente, sin desviar su función frente a inadmisibles presiones, por demás incompatibles con el sistema democrático, y a avanzar en la agenda parlamentaria que no solo incluye designaciones judiciales, sino temas de entidad social que no admiten más demora.

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LA DIRIGENCIA POLÍTICA TIENE QUE RESPETAR LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS

La Lista Celeste repudia enfáticamente las expresiones del ex presidente de la Nación, muy lejanas a lo que se pueda entender como ejercicio de la libertad de expresión, y de su responsabilidad dirigencial. Nada autoriza a un ex mandatario a estigmatizar a las/os aspirantes a la magistratura que aguardan pacientemente (en muchos casos hace casi un año con dictamen de comisión favorable), para intentar obstruir su designación, solo por considerar que no serían afines a sus pretensiones. Si esa fuera la intención, solo se estaría evidenciando que la ideologización de la magistratura no está en las/os aspirantes, sino en quien se ha expresado en esos términos.

Las/os concursantes, tal como la propia AMFJN ha dicho el pasado miércoles en un comunicado oficial (aunque llamativamente de exigua difusión), han llegado a esa posición de modo legítimo, regular, mayoritariamente sin contar con observaciones ni impugnaciones, y evidenciando avales, incluso, de senadores del principal espacio opositor que suscribieran los respectivos dictámenes (espacio que encabeza, casualmente, el ex presidente que se expresara de modo agraviante e irresponsable).

Exhortamos a los miembros del Senado de la Nación a ejercer su mandato popular aún vigente, sin desviar su función frente a inadmisibles presiones, por demás incompatibles con el sistema democrático, y a avanzar en la agenda parlamentaria que no solo incluye designaciones judiciales, sino temas de entidad social que no admiten más demora.

ESA ES SU FORMA DE DEFENDER LA INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA

Declaraciones del Dr. Alberto Lugones en Radio Del Plata con Tomás Méndez acerca de la nota en diario Clarín del 23/7 del periodista Daniel Santoro:

– La publicación de Clarín es vergonzosa, ojalá las/os 75 aspirantes a la magistratura fueran nuestras/os, futuro complejo tendría la lista afín a Santoro. La misma nota salió en el diario La Nación, fueron dos notas mellizas.

– Si fueran todas/os de mi lista lo diría y estaría feliz. Hay algunos que no los conozco directamente y no todas/os son nuestras/os, pero si fuera el caso, cuál sería el problema.

– No tienen nada más que decirles que son de la lista celeste porque no se trata de postulantes que hubieran tenido problemas en los concursos como es propio de la gente amiga de este periodista.

– Todos pasaron por concursos, algunos son viejos incluso de la época de Macri, o sea, que los manejaban ellos. A pesar de ello, algunas/os de las/os nuestras/os como Maxi Callizo que lo nombran en la nota, es un excelente secretario de Lomas de Zamora que está peleando hace más de 5 años por lo menos para ser juez de instrucción y es protesorero de la AMFJN por nuestro espacio. Mencionan varias/os más, gente que tiene afinidad con nuestro espacio.

– Hay una actuación macartista de una lista que está detrás de todo esto.

– La conducción de la Asociación creo que está temerosa de lo que pueda pasar a fin de año que, probablemente, sea cierto que vayan a perder la Asociación pero eso no cambia nada en el Consejo de la Magistratura.

– En el CMN fuimos elegidos por 4 años o sea que de acá a 4 años quien sabe qué puede pasar.

– Este tipo de notas las operan gente de la conducción actual de la Lista Bordó pero el tema es un poco más profundo. Ellos decían que no se estaban aprobando los pliegos para que no se apruebe el pliego de la Dra. Ana María Figueroa por quien tengo un profundo respeto por su persona y por cómo opina. Por eso no la querían aprobar porque ella dice públicamente lo que piensa. Entonces quedaba muy mal que toda la oposición, en la cual también los senadores que no estuvieron ahí deberían explicar por qué no dieron quórum, cuando es su función aprobar los pliegos en el pleno que les envía el ejecutivo porque para eso están. Creo que se han reunido dos veces en lo que va del año; no han hecho nada, pero quedaba feo decir no aprobamos 75 porque hay uno que no nos gusta. De ahí que buscan adentro gente que les de información.

– Hace rato que no veo una nota tan macartista como esta. Pero aparte de todo eso, ¿cuál es el problema? Decir no queremos aprobar estas ternas porque no me gusta lo que piensa esta gente, pero no se atreven a decirlo. Entonces la pregunta es: ¿por qué no le gusta? Porque son malas/os, porque es gente que no merece estar postulada para ser magistrada/o? No. Es por otra cosa, porque saben que con esta gente no van a tener el manejo de la justicia que tendrían con otra gente más afín a ellos.

– Sacamos un comunicado en el cual dijimos que esta situación era una vergüenza. Nunca lo vimos en 40 años de democracia. Trabajan para cierta gente, arreglan con cierta gente y, cuando tienen mayoría en el Consejo, logran que no se aprueben los concursos que los pueden afectar. Por ejemplo, cuando se tenían que aprobar los concursos de juezas/ces de civil y comercial federal hace varios años, que son concursos complejos porque después resuelven las cuestiones propias de Clarín y de otros diarios que tienen una medida cautelar en la Corte que nunca se resolvió, quieren manejarlo.

– Entonces acá el problema es que designen juezas/ces que indudablemente no las/os van a poder manejar ni ellos ni nadie, porque son postulantes independientes, con historia, con carreras indiscutibles, honestas/os y eso molesta. Estas personas han pasado por siete u ocho etapas diferentes en las cuales tuvieron la oportunidad de ser cuestionadas/os por la comunidad y no lo fueron. Cada uno tiene la libertad de pensar diferente y ese es un poco el funcionamiento de la democracia que debieran saberlo estos medios que tanto se llenan la boca invocando la República y el respeto por los que piensan diferente.

La Lista Celeste señala su estupor por sendas notas publicadas ayer y hoy por periodistas de Clarín (Santoro) y La Nación (Ybarra), cuyo contenido, inexactitudes e infundios son similares.

En efecto, instan, a la vez que “justifican” la no aprobación por el Senado de la Nación, de 75 pliegos de magistradas y magistrados del Poder Judicial y los Ministerios Públicos, porque algunas/os (nombran a menos de 15) tienen participación o mera simpatía por la Lista Celeste de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, y ello impactaría en la elección interna de la Asociación y del Consejo de la Magistratura, que será en 2026.

Más allá de la “selección personal” caprichosa y errática que enuncian, que busca mancillar la trayectoria de quienes tienen el mérito de haber superado exitosamente los concursos públicos -algunos de hace muchos años- y que se encuentran a la espera del acuerdo del Senado, es incomprensible que se abogue por frenar la cobertura de cargos judiciales -tramitados según el mecanismo exigido por la Constitución Nacional-, cuando hipócritamente retumban las mismas voces para señalar preocupación por la enorme cantidad de plazas vacantes en la justicia nacional y federal. Por cierto, nada dicen esas notas periodísticas, que dentro de los 75 cargos pendientes, se encuentran igualmente candidatas y candidatos para cubrir designaciones en la Provincia de Santa Fe, azolada por el drama del narcotráfico, o vacantes que se relacionan con la resolución de relaciones complejas de naturaleza interpersonal, como ocurre en la Justicia de Familia.

A 40 años de la recuperación democrática, es intolerable que se practique macartismo contra quienes se prepararon para asumir altas responsabilidades en la Administración de Justicia, cuya renovación se exige de manera recurrente.

Pero es además inadmisible y demasiado triste, que la Asociación de Magistrados y Funcionarios que integramos, permanezca en silencio ante tamaña afrenta, que expande su reflejo en la Justicia en su conjunto.

La Lista Celeste manifiesta su más enfático rechazo a las prácticas basadas en mezquindades políticas, que priorizan intereses personales y/o partidarios en desmedro del Poder Judicial de la Nación, impropias de un sistema democrático de gobierno, visibilizadas en la falta de quórum en la sesión del día de la fecha (12/7/23) en el Senado de la Nación Argentina para el tratamiento y aprobación de acuerdos para la designación de magistrados y magistradas de la Nación, que permitirían la cobertura de más de 70 vacantes que incluyen jueces federales que investigan delitos complejos.

Este tipo de conductas en nada favorecen al adecuado funcionamiento y mejora del Poder Judicial de la Nación.

Resultaría absolutamente deseable que la AMFJN se pronuncie en relación a este avasallamiento contra la independencia judicial, ya que esa preocupación por una justicia que no permanezca desguarnecida, suele dar contenido a los pronunciamientos institucionales.

Nos enorgullece comunicar que luego del incesante trabajo de nuestro espacio, por iniciativa y a través de nuestro representante Dr. Alberto A. Lugones, se aprobó hoy en el Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación, el “Protocolo para la prevención, abordaje e intervención en casos de violencia laboral con perspectiva de género”.

Presentamos este proyecto cuando no existía ningún protocolo no sólo en el ámbito del Consejo sino tampoco en todo el Poder Judicial, siendo los primeros en avanzar contra toda violencia institucional, saldando una deuda en esta materia.

Dicho protocolo ha sido trabajado y consensuado por asesoras/es de las vocalías, gremios e integrantes de la OM de la Corte Suprema de la Nación e impulsado enérgicamente y con celeridad por el Dr. Lugones en su carácter de Presidente de la Comisión de Reglamentación, logrando un texto único producto de un trabajo integral del cuerpo en un tiempo récord.

SEGUIMOS TRABAJANDO POR UN PODER JUDICIAL LIBRE DE VIOLENCIA.

TEXTO COMPLETO DEL PRÓCOLO AQUÍ

La Lista Celeste quiere insistir, una vez más, en la independencia del PJN, MPF y MPD, de modo tal que no podemos ni debemos permitir recibir instrucciones, presiones y/o condicionamientos de los demás poderes estatales. Dado el contexto inflacionario en el que nos encontramos inmersos no resulta para nada razonable que la CSJN y el PEN discutan de dónde se obtienen los fondos necesarios para realizar los ajustes salariales, cuando las/los únicas/os perjudicadas/os son las/los magistradas/os, funcionarias/os y empleadas/os de la justicia.

La respuesta del PEN, vinculada a la modificación de partidas, afecta de manera directa a los salarios y pone en crisis tanto la independencia del PJN como del MPF y del MPD. Como bien sabemos, la independencia hace al respeto de los derechos y las garantías de todas las personas y surge explícitamente de la Constitución Nacional, a través de los arts. 1, 109, 110 y 120 CN.

En base a ello es que manifestamos nuestra preocupación -actual- por la respuesta brindada por la Jefatura de Gabinete de Ministros, y anhelamos -a futuro- que se produzca una verdadera discusión en cuanto a la propia autarquía financiera del PJN y del MP.

No permitamos que el humor político de años electorales afecte a las/os trabajadoras y trabajadores; y, menos aún, que ponga en riesgo la verdadera autonomía funcional de los poderes.