LA DIVISIÓN DE PODERES DEBE SER RESPETADA POR LA CSJN

Genera estupor la reciente decisión de la Corte suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, en tanto consagra que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires tiene competencia para revisar la sentencia dictada por la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (expte “Ferrari, María Alicia c/ Levinas, Gabriel Isaías s/ incidente de incompetencia”, sent. del 27/12/2024).

Se trata de un caso en el que el accionado dedujo recurso de inconstitucionalidad ante el TSJ en los términos de los artículos 27 y 28 de la ley local 402 y el artículo 113 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contra una sentencia de la Cámara Nac en lo Civil).

La Corte, erróneamente, invoca la jurisprudencia que se desprende de los antiguos casos “Strada” (Fallos: 308: 490), “Di Mascio” (Fallos: 311:2478), según los cuales, conforme lo dispuesto en la ley 48, todo pleito radicado ante la justicia provincial en el que se susciten cuestiones federales debe arribar a sus estrados solo después de “fenecer” ante el órgano máximo de la judicatura local. Así, por ejemplo, un pleito iniciado en la Provincia de Buenos Aires, antes de llegar a la Corte Suprema, debe ser resuelto por el Superior Tribunal de esa provincia.

Sin embargo, el argumento es equivocado ya que, fuera de equiparar a la Ciudad de Buenos Aires con una provincia (claramente no lo es), lo cierto es que en cada Provincia rige un Código Procesal que contempla recursos de diversa índole ante los tribunales superiores.

En cambio, la Justicia Nacional se rige, principalmente, por los Códigos de Procedimientos dictados por el Congreso de la Nación, en uso de facultades constitucionales. Ninguna norma de estos Códigos prevé recursos ante el Superior Tribunal de la Ciudad.

Más grave aún resulta observar que se trata de dos poderes distintos. La Justicia Nacional se encuentra en la órbita del Poder Judicial de la Nación, cuya cabeza jurisdiccional es la Corte Suprema, y sujeta también a las reglamentaciones y al poder disciplinario del Consejo de la Magistratura de la Nación.

En las distintas provincias, tanto los jueces de instancias inferiores, como los del Superior Tribunal, integran el mismo Poder del Estado, han sido designados por el mismo Poder Ejecutivo, y están sujetos a la misma
Constitución y a las leyes locales.

En cambio, los jueces nacionales no están sujetos a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, como erróneamente cita la Corte en argumentos.

La sentencia que se cuestiona ignora lo dispuesto por la ley 24.588 que no atribuye semejante competencia al Superior Tribunal de la Ciudad. Es como si, por ejemplo, la Provincia de Catamarca pretendiera revisar fallos de la Justicia Nacional. Como bien señala, en su disidencia, el Juez Rosenkrantz, “no existe en el ordenamiento constitucional argentino la posibilidad de que un tribunal local revise decisiones de tribunales nacionales”.

El propio fallo de la Corte Suprema admite que un eventual traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad requiere de un convenio, en el caso inexistente.

La Corte da por cierto que el traspaso es un mandato constitucional demorado. Sin embargo, la Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994, establece que la Ciudad debe tener su jurisdicción, pero nada dice sobre semejante traspaso. De hecho, en la actualidad la Ciudad tiene sus propios tribunales con competencia en materias contencioso administrativo locales, consumo, y otras.

Ya nos hemos referido en otras oportunidades a la falsa creencia que la Constitución ordena un traspaso de los tribunales nacionales. Ninguna de sus normas lo establece.

Invoca la Corte el respaldo al federalismo. Sin embargo, apoyar el federalismo implica respetar las autonomías locales en materias reservadas, no alterarlas.

Desde el punto de vista práctico, esto será peor para los ciudadanos de Buenos Aires, ya que, al crearse una nueva instancia de apelación, los juicios sufrirán serias demoras. Esto hará que muchos litigantes, en especial los recalcitrantes, acudan a este recurso no reglado. Será todavía más graves en las causas penales.

Se dará también la absurda situación de que aquellas cuestiones que no puedan ser apeladas ante la Cámara por el tema (v.gr.: cuestiones de prueba), o por el monto (que casualmente fija la Corte y no el STJ), sí puedan ser recurridas ante la Ciudad.

No se puede obviar que un eventual traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires es una decisión que, más allá de la opinión que se sustente, incumbe a los poderes políticos. En su momento, mediante la ley 24.588, el Poder Legislativo Nacional se pronunció. No puede la Corte Suprema arrogarse facultades que incumben a los otros Poderes del Estado.

En definitiva, manifestamos nuestro enérgico rechazo a semejante decisión y no puede desconocerse en la oportunidad y circunstancias que una resolución de este tipo, decide salir a luz.

Por último, esperamos que la AMFJN esté a la altura de lo que la gravedad exige y actúe en consecuencia.

INCONSTITUCIONALIDAD DEL FUERO LABORAL PRETENDIDO POR LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Genera estupor la noticia de que la Legislatura porteña aprobó el proyecto de ley que pone en funcionamiento un Fuero Laboral local, al que consideran moderno y eficiente, con el objetivo declamado “de beneficiar a los trabajadores y a las empresas en los trámites laborales”.

Ya nos hemos pronunciado reiteradamente en contra del pretendido traspaso, no previsto en la Constitución Nacional. No queremos repetir argumentos anteriores.

En lo que aquí interesa, la Constitución Nacional dispone en el art. 129 que “La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de Gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción… Una ley garantizará los intereses del Estado nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación”.

Por ende, no puede obviarse que: a) la Ciudad de Buenos Aires, sigue siendo la capital de la Nación; b) los conflictos entre empleados y empleadores tienen que ver con la economía y, en especial, con los intereses del Estado Nacional, y c) se dictó la ley pertinente, que no habilita semejante creación.

En efecto, dispone la ley 25.488 que “La justicia nacional ordinaria de la ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y competencia continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación. La ciudad de Buenos Aires tendrá facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativa y tributaría locales” (art. 8).

Se trata de una situación, además de inconstitucional, absurda. Es como si alguna provincia se arrogara la competencia de la justicia nacional.
Además, no requiere ningún esfuerzo advertir que el derecho del trabajo es ajeno a los problemas de vecindad, contravencionales o tributarios locales.

Dicho proyecto generará incertidumbre, confusión, mayores costos y, en definitiva, cercenará los derechos en juego. Desde la Lista Celeste expresamos nuestro asombro, y nuestro contundente rechazo a semejante atropello. Las leyes locales no pueden alterar lo regulado en la Constitución Nacional y en las leyes dictadas por el Congreso de la
Nación en uso de sus facultades.

80° ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL FUERO DE TRABAJO

Desde la Lista Celeste destacamos la trascendencia de estos 80 años del fuero del trabajo, que han sido clave en la defensa de los derechos sociales y laborales en nuestro país.

Felicitamos y reconocemos a todos/as los/as jueces/zas y funcionarios/as que día a día sostienen este pilar fundamental de la justicia, y expresamos una vez más nuestra firme convicción en la lucha por preservar su carácter nacional y nuestro ferviente rechazo a cualquier intento de traspaso.

SIN INDEPENDENCIA JUDICIAL, NO HAY DEMOCRACIA

Desde la LISTA CELESTE, expresamos nuestra preocupación ante publicaciones en medios nacionales que descalifican a los jueces Dres. Álvaro Balestrini y Roberto Pompa, de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, por una decisión tomada en el marco de la jurisdicción que les fuera conferida. Las declaraciones de la empleadora, resaltadas sin fundamentos por los medios, atacan la independencia judicial y promueven el descrédito de los magistrados de reconocida trayectoria que, accedieron a sus cargos, mediante concursos públicos.

Como siempre sostenemos, la independencia judicial es un pilar fundamental del estado de derecho y, con él, la democracia. Por eso, instamos a los medios de comunicación a actuar con responsabilidad, garantizando el derecho de todos los ciudadanos a expresarse libremente y con respeto, sin caer en ataques o descalificaciones injustificadas.

JUSTICIA NACIONAL DEL TRABAJO AHORA Y SIEMPRE

La LISTA CELESTE una vez más manifesta su más enfático rechazo a cualquier intento de traspaso de la Justicia Nacional Laboral al ámbito de la CABA .

En el transcurso de estos años, la LISTA CELESTE ha destacado los aspectos técnicos y jurídicos de naturaleza constitucional que subyacen a esta cuestión (ver comunicados AQUÍ), además de las consecuencias disvaliosas que en la práctica generaría un traspaso compulsivo en términos de derechos laborales, estabilidad de los/as magistrados/as, funcionarios/as y demás agentes judiciales, entre muchas otras cuestiones.

Tenemos la certeza de que este tipo de iniciativas suponen un riesgo para la independencia del Poder Judicial y que, lejos de tender a mejorar el servicio de administración de justicia, contribuyen a su detrimento, por lo cual instamos a que se consideren seriamente las implicancias de esta clase de propuestas y, que en cambio, se promuevan soluciones que colaboren con la estabilidad institucional en beneficio de la sociedad.

A su vez, la ley 24.588 establece que la “justicia nacional ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y competencia continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación” y que CABA “tendrá facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativa y tributarias locales” (art. 8°), disposición esta que resulta violentada y transgredida de manera evidente por los proyectos que circulan en el ámbito de la legislatura porteña.

LAS HISTORIAS SE DEBEN CONTAR COMPLETAS

Quienes conformamos la AMFJN desde hace muchos años sabemos que los/as adherentes siempre propiciaron un lugar en la Mesa en el Consejo Directivo y esta no es la primera vez que se les dice que no.

Llamativamente, la Lista bordó, ahora sí se hace eco de ese reclamo y expresa su preocupación por los/as adherentes. Nos hubiese gustado ver esa preocupación y activismo en tantos otros temas de gravedad que preocupan a los/as socios/as activos/as.

Respecto de los/as Adherentes nuestro espacio mantiene su postura histórica en tanto no se advierte razonabilidad en el hecho de que quienes pueden ejercer libremente la profesión o cumplir tareas ajenas al ámbito judicial o al de los ministerios públicos y participar en las elecciones de los Colegios de Abogados u otras entidades, como son los/as adherentes, formen parte de los órganos de gobierno de la asociación más allá de la rica participación en sus actividades.

En este sentido, debe destacarse que la asociación tiene por objetivo principal la defensa y protección del rol funcional cuyas vicisitudes, problemáticas, día a día, justamente trata el objeto relevante institucional y, es claro, que los/as adherentes no lo tienen en la actualidad. Ello sin perjuicio de dejar a salvo que tienen voz dentro de nuestro espacio asociativo y pueden aconsejar que se realicen todas aquellas diligencias que tiendan a procurar su bienestar, pero se tratan de acciones complementarias y todo ello en el ámbito propicio cual es la Comisión de Adherentes.

Desde nuestra Lista de ninguna manera admitiremos pretensiones de un espacio orientadas a perpetuarse en los órganos de gobierno y que no hacen más que confundir al electorado. Máxime cuando esta confrontación de los/as adherentes con la AMFJN en la Inspección General de Justicia lo es desoyendo la voluntad de la mayoría del Consejo Directivo. Es decir, pretenden formar parte de un órgano de gobierno cuya voluntad por el voto democrático de su mayoría ni siquiera respetan.

Por lo demás instamos al espacio Bordó a obrar de buena fe y dejar de tergiversar la información. Pues bien, respecto de la publicación de la resolución de la IGJ que no formaba parte del orden del día, se dispuso diferir su tratamiento para el próximo HDC en la idea de dar a conocer toda la información completa con la copia del recurso pertinente.

No deja de ser preocupante que se busque neutralizar la legitimidad de las decisiones del HCD, mediante la provisión a un sector de adherentes, del mailing institucional que debe ser resguardado para otros fines, y así incentivar la difusión sesgada de decisiones institucionales, provocando confusión en el electorado.

COHERENCIA UN VALOR INDISCUTIBLE

La Lista Celeste como ha hecho desde siempre una vez más reitera su posición frente a la pretensión de un grupo de socios adherentes que promueve una Asamblea Extraordinaria, a los efectos de modificar el estatuto para poder votar y participar de los órganos de gobierno.

Así es que no se advierte razonabilidad en el hecho de que quienes pueden ejercer libremente la profesión o cumplir tareas ajenas al ámbito judicial o al de los ministerios públicos y participar en las elecciones de los Colegios de Abogados u otras entidades, tal el caso de los adherentes, formen parte de los órganos de gobierno de la asociación más allá de la rica participación en sus actividades.

En este sentido, debe destacarse que la asociación tiene por objetivo principal la defensa y protección del rol funcional cuyas vicisitudes, problemáticas, día a día, justamente trata el objeto relevante institucional y, es claro, que los adherentes no lo tienen en la actualidad.

Ello sin perjuicio de dejar a salvo que los adherentes tienen voz dentro de nuestro espacio asociativo y pueden aconsejar que se realicen todas aquellas diligencias que tiendan a procurar su bienestar, pero se tratan de acciones complementarias.

Por su parte, es oportuno recordar que mediante acta del 12 de julio de 2023 la comisión designada por decisión del HCD del 29 de mayo de 2023 (Acta 1418) a fines del relevamiento de los avales presentados en los términos del art. 39 del Estatuto, informó que el padrón de socios activos para esa fecha se integraba con un total de 2641 socios y que los avales ratificados fueron 192, uno rectificado y 22 observados, por tanto el número no resulta representativo por no alcanzar el mínimo exigido para la convocatoria. Desde allí entonces la decisión soberana del Cuerpo no ha sido infundada sino, antes bien, su rechazo obedeció al incumplimiento de uno de los requisitos indispensables exigidos (ver acta 1420 del 7 de agosto de 2023). Por tanto, pretender la revisión de aquella decisión de fecha 29 de mayo de 2023 aparece como inoficiosa, preclusa y extemporánea.

Desde nuestro espacio estamos dispuestos dar discusiones tales como el monto de la cuota social por mencionar alguno, pero de ninguna manera admitiremos pretensiones de un espacio orientadas a perpetuarse en los órganos de gobierno y que no hacen más que confundir al electorado. Máxime cuando esta confrontación de los adherentes con la AMFJN en la Inspección General de Justicia lo es desoyendo la voluntad de la mayoría del Consejo Directivo por lo que pretenden formar parte de un órgano cuya voluntad ni siquiera respetan.

POR EL RESPETO CONSTITUCIONAL A LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

La Lista Celeste repudia fuertemente la brutal represión contra trabajadores judiciales acontecida en el día de hoy frente al Palacio de Justicia, mientras se desconcentraba una pacífica manifestación de la UEJN (prácticas legítimas amparadas por el arts. 14 bis de la CN y 8 PIDESC) y se solidariza especialmente con los lesionados y su Secretario General Julio Piumato.

Exigimos un inmediato esclarecimiento de los hechos y de sus responsables.

EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, LOS DDHH Y EL SISTEMA DEMOCRÁTICO

Ante los recientes acontecimientos, la LISTA CELESTE de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresa su profunda preocupación y pesar por la creciente violencia institucional de los últimos días, que ha resultado en la violación de derechos fundamentales de un enorme grupo de personas.

Esta situación no solo pone en riesgo la integridad y dignidad de los ciudadanos, sino que también mina la confianza en las instituciones encargadas de proteger y garantizar la justicia. Como representantes y defensores del Estado de Derecho, no podemos permanecer indiferentes ante estos hechos.

Por ello, hacemos un llamado urgente a TODOS quienes integramos el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa a reflexionar y tomar medidas contundentes para poner fin a estas prácticas y asegurar que los derechos humanos y las garantías constitucionales sean respetados sin excepción.

Es imperativo que trabajemos juntos para restablecer la confianza en nuestras instituciones y asegurar que la justicia prevalezca siempre. Nuestra responsabilidad es grande, y nuestra acción debe estar a la altura de los valores y principios que juramos defender.

PERSISTIMOS EN EL RECHAZO AL TRASPASO

Frente a los Proyectos de Ley Nros. 923/24 y 924/24 presentados en la Legislatura de la C.A.BA., en relación con la creación del Fuero del Trabajo y la sanción del Código Procesal para la Justicia del Trabajo, respectivamente, nos vemos obligados a manifestar una vez más nuestro enfático rechazo a cualquier intento de traspaso de la Justicia Nacional a ese ámbito.

En el transcurso de estos años, la LISTA CELESTE ha destacado los aspectos técnicos y jurídicos de naturaleza constitucional que subyacen a esta cuestión ( ver comunicados AQUÍ), además de las consecuencias disvaliosas que en la práctica generaría un traspaso compulsivo en términos de derechos laborales, estabilidad de los/as magistrados/as, funcionarios/as y demás agentes judiciales, entre muchas otras cuestiones.

Tenemos la certeza de que este tipo de iniciativas suponen un riesgo para la independencia del Poder Judicial y que, lejos de tender a mejorar el servicio de administración de justicia, contribuyen a su detrimento, por lo cual instamos a que se consideren seriamente las implicancias de esta clase de propuestas y, que en cambio, se promuevan soluciones que colaboren con la estabilidad institucional en beneficio de la sociedad.

A su vez, la ley 24.588 establece que la “justicia nacional ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y competencia continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación” y que CABA “tendrá facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativa y tributarias locales” (art. 8°), disposición esta que resulta violentada y transgredida de manera evidente por los proyectos de ley aludidos.

Finalmente, solicitamos que nuestra Asociación de Magistrados/as y Funcionarios/as de la Justicia Nacional se expida en los términos señalados